Finalmente, el municipio de Castelli logró el impuesto a los productores rurales

«Estoy muy satisfecho porque la justicia fue contundente y rechazó un intento de suspender un tributo al sector con mayor capacidad tributaria de nuestro distrito que nos permite lograr más recursos y equipar nuestro hospital municipal para hacer frente a esta emergencia sanitaria», destacó Francisco Echarren, intendente municipal de Castelli, luego de que la justicia fallara a favor de su decisión.

A fines de marzo, el jefe comunal de esa localidad bonaerense resolvió por decreto la creación de un fondo de emergencia para la comunidad en caso de que se desate la pandemia a nivel local. Pero luego el cobro de ese nuevo impuesto a los productores había quedado en suspenso debido a una medida cautelar solicitada por el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano «Lucho» Bugallo, que buscaba frenar la aplicación del nuevo tributo, que fue desestimada por la justicia.

En la sentencia, el juez en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Dolores, Antonio Marcelino Escobar, alegó la «inexistencia de verosimilitud en el derecho del peticionario».

Carbap tildó a la medida de «oportunismo», dado que los propietarios de establecimientos rurales tendrán que pagar $42 por hectárea, con un máximo de $44.000 por inmueble.

Para Bugallo (Juntos por el Cambio) «se trata de una doble imposición tributaria, dado que utiliza la misma base imponible que el Impuesto a los Bienes Personales que cobra la Nación, al tiempo que se superpone también con el Impuesto Inmobiliario Rural provincial y a las tasas por servicios que cobra la municipalidad a los productores. Es claramente ilegal e inconstitucional».

«El Intendente @EcharrenF considera que un productor de 50 o 100 has. es ‘rico’ y con eso justifica el ‘impuesto Covid19′», dijo en un tweet.

El intendente de Castelli, del Frente de Todos, destacó la importancia de la resolución judicial, al considerar que «es un antecedente muy importante» para que también a «nivel nacional se pueda gravar a quienes tienen mayor capacidad contributiva, y hagan un aporte a la situación sanitaria y económica del país».

La decisión de la justicia de Dolores se conoce mientras que el oficialismo, a nivel nacional, elabora un proyecto de ley para gravar a las grandes fortunas del país con un impuesto, por única vez, destinado a atender las necesidades sanitarias que genera la propagación del virus en el país. No está claro todavía si nos campos productivos serán considerados punibles, en caso de que se avance con el nuevo impuesto.

«La Justicia fue muy contundente sobre todo en un concepto fundamental que se refiere a la igualdad ante la Ley, siendo la misma para iguales», dijo el intendente Echarren, quien sostuvo además que «en materia tributaria y por el principio de razonabilidad los que mayor capacidad tributaria tienen son los que tienen que pagar más y el juez lo ha dejado muy claro».

Por supuesto que el intendente no presentó ningún trabajo ni estudio que avalara que los propietarios de campos en su distrito están entre los de mayor capacidad contributiva.

De esta manera, en la jornada de hoy deberá hacerse efectivo el pago, por única vez, del impuesto que será segmentado por el tamaño de las haciendas, con el que se costeará la construcción de un pabellón que duplicará la capacidad hospitalaria del distrito.

El decreto municipal, que se convalidó vía ordenanza, sobre la contribución obligatoria a los productores rurales establece que, de acuerdo a la extensión del terreno que posean, deberán abonar entre 9 mil y 42 mil pesos, para conformar un fondo que será destinado a equipamiento para el sistema sanitario local.

Asimismo, detalla que el mismo estaría conformado por la «contribución especial» de parte de los productores rurales de la zona, unos 40 mil pesos del sueldo del jefe comunal y 15 mil del de los concejales, y en el caso de no llegar a utilizarse, el dinero será devuelto a los productores, aclararon desde el Ejecutivo municipal.