En la continuidad de su plan de reducir al máximo posible la planta de empleados públicos, el Gobierno anunció este martes el cierre de otros dos organismos y la decisión de echar a 900 empleados. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
La decisión fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Según precisó, esos organismos se van a transformar en «una dirección con 64 empleados. Se reducen 900 puestos de no trabajo y va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos«.
«El Ministerio de Economía ha decidido avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Luego de una revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores, estos institutos tenían un total de 964 empleados», precisó el portavoz.
Adorni aportó más datos para que, según señaló, se tome «dimensión de la fiesta que había de gasto público».
«Además de los 964 empleados tenia 160 delegaciones, dos sedes, uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos y el 85% el presupuesto se dedicaba a pagar sueldos», engatizó.
El INAFCI fue creado en noviembre de 2022 por el Gobierno de Alberto Fernández. En esa oportunidad se determinó que se hiciera cargo de las tareas que realizaba la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena.
El presidente del INAFCI era Miguel Gómez, un dirigente social que integraba las filas del Movimiento Evita y era muy cercano a Emilio Pérsico, quien en las últimas horas fue denunciado por el Gobierno por haber sido presuntamente beneficiado con más de $470 millones a cooperativas que integraba.
La presentación ante la justicia fue realizada por el Ministerio de Capital Humano. Lo acusan de violación de la Ley de Ética Pública, de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y abuso de autoridad, entre algunos de los delitos que menciona la denuncia.
De acuerdo a los datos presentados en la denuncia, Pérsico gestionó el envío de 261.671.087 pesos a La Patriada -cooperativa de la que era socio- y 211.675.962 pesos a Federación Evita -entidad de la que era presidente-. En total, son más de $473 millones que Pérsico ordenó transferir desde las arcas del estado a organizaciones que él mismo manejaba. Las sumas surgen de expedientes de asignaciones del plan Potenciar Trabajo.
Los dos nuevos organismos apuntados por el Gobierno se suman al INADI y a la agencia estatal de noticia Telam. Además, el Ejecutivo ya había formalizado la decisión de convertir en subsecretaría el Ministerio de la Mujer.
El análisis de los 100 días de Gobierno y Milei como «caso de estudio»
Adorni hizo un repaso de los cien días que lleva en el Gobierno Javier Milei y consideró que se trata de un «caso de estudio» porque, según afirmó, es la primera vez que se le rechaza un DNU al Ejecutivo.
«El caso de Milei es un caso de estudio. En esta breve historia, del ’83 hacia aquí, es el primer gobierno que dentro de estos 100 días se le rechaza un DNU, se nos intentó parar el país, se pararon trenes, colectivos, se nos amenazó con cortes de gas y combustible, y rápidamente y llamativamente unió un espectro variopinto de la oposición», sostuvo el portavoz.
Fue más allá Adorni y destacó que «a pocos dias de asumir algunos personajes fantaseaban desde de una reposera que este gobierno cayera».
«Parte de la política ha reaccionado de manera distinta porque este gobierno ha cumplido puntillosamente lo que ha prometido en la campaña. Ningún otro gobierno atacó de entrada como la hecho Milei y su equipo el déficit fiscal», agregó.
Para el funcionario, Milei ha «cambiado el concepto de gobernabilidad. Hasta acá era la política unida, sin importar lo que le pasara la gente, y ahora la gobernabilidad se da por el apoyo de la gente en virtud de cumplir con lo que se había comprometido», insistió.
En esa misma línea, agregó: «Nunca ningún gobierno expuso tanto a la política como lo ha hecho el gobierno de Milei. Estábamos acostumbrados que el Estado sea patrimonio del partido gobernante y su sequito de militantes».
Algo similar sucedió en la zona de Quemú Quemú, con granizo del tamaño de pelotas de tenis.
Y sostuvieron: “Pareciera que el único fin que los moviliza es el de recaudar más y no de mejorar los servicios que brindan y por los cuales se pagan importantes sumas. En el mismo sentido, reitera que es insostenible la fuerte presión impositiva y tributaria que el sector soporta desde hace décadas. Es la política la que debe ajustar”, indicaron.
