En medio de un proceso que se inició con el año, en el que la empresa láctea Verónica comenzó a dar indicios de pretender la declaración por parte de la Justicia de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Sin información clara hacia los trabajadores, en este mes de marzo se habrían presentado los primeros papeles para acceder a los beneficios que presta la ley laboral para encaminar empresas con situaciones financieras complicadas, sin caer en la quiebra y para poder recomponerlas.
Contábamos la semana anterior que desde 2015 esta industria láctea con plantas en Suardi, Classon y Lehmann, comenzó con irregularidades económicas, derivadas de inversiones en secadoras de leche y envasadoras que no tuvieron el repago que se esperaba y sumado a eso las condiciones climáticas sucesivas hicieron que junto a la falta de buenos precios para los productos, en el mercado interno y la exportación, hoy se llegue a una ecuación negativa. La deuda directa con bancos supera los 1.100 millones de pesos.
También comentábamos que en reuniones recientes no todos los delegados de las plantas santafesinas habían estado presentes y por eso el viernes pasado, en Suardi, se dejó en claro la voluntad de negar el inicio del trámite judicial, para evitar mayores perjuicios a los trabajadores. A raíz de eso, públicamente la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, salió a través de su secretario general, Héctor Ponce, a manifestar esta postura negativa que terminó de confirmarse hace algunas horas, en este lunes.
Representada Atilra por su abogado, Alberto Coronel, en una reunión pactada en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en Rosario, los gerentes de la firma se encontraron con una postura gremial definida, distando de lo que habían sido las conversaciones previas. El Procedimiento Preventivo de Crisis debe contar con la anuencia del sindicato, permitiendo el achicamiento de la fuerza laboral, recorte de horas, e incluso el despido de personal con el pago de la mitad de las indemnizaciones correspondientes.
Agrofy pudo corroborar que en el encuentro la empresa no pudo negar la voluntad de achicar la planta de personal en los próximos dos años. Del mismo modo, no se presentó un balance al día de la firma, sino que se dio un somero detalle financiero, aludiendo a irregularidades que hacen a dos años de pago de salarios en cuotas y mayores complicaciones en tiempos de aguinaldos. Además se remarcó que Verónica tiene un acumulado de deuda en cuanto a aportes sindicales, e incluso previsionales.
La intención es conseguir el PPC sólo para la provincia de Santa Fe, excluyendo del caso a toda la planta de administración y distribución que funciona en la ciudad de Buenos Aires.
Coronel pidió también que en un próximo encuentro, pactado para el lunes 25 en el mismo lugar, se presenten los papeles de Las Becerras SA, una empresa alternativa a través de la cual se habría desdoblado capital, se habría desfinanciado a Verónica y generado una fuga de capital al exterior.
Entre tanto, se estaría organizando una reunión del Consejo Directivo Nacional de Atilra, para encaminar el reclamo y no se descarta un encuentro en Buenos Aires con los titulares de la empresa.
El ánimo predominante entre los trabajadores es de indefinición, por la falta de claridad en el proceso, sin embargo se entiende que la exposición mediática del caso es lo que puede llegar a determinar un final más ordenado en los proyectos de la empresa láctea, sobre la que siguen circundando rumores de venta o búsqueda de nuevos inversores.