Esto tiene que ver con que en 2019 el apoyo al productor argentino fue de -28,2% de su ingreso contra un 17,8% promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La medición de junio de 2020 de la Fundación FADA marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 68,3% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.
Es decir, que de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $68,30 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 68,3%, la participación del Estado en soja es del 69,7%, maíz 65,4%, trigo 67,8% y girasol 59%.
El 68,3% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables explican el 67,4% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Casi 600 productos alcanzados
Un artículo elaborado por el Licenciado en Economía y especialista en agronegocios, Agustín Forzani, explica que las restricciones a la exportación en general no son un fenómeno exclusivo de la Argentina: «Muchos países aplican distintos tipos de prohibiciones, cuotas, licencias, y demás mecanismos para restringir las exportaciones, basándose en motivos tales como la necesidad de asegurar la oferta de cierto producto o reducir su precio doméstico».
No obstante, aclara que nuestro país se destaca por «su intrincada y desmesurada implementación y por su controversial justificación de recaudar fondos».
Forzani señala que cuando se trata de impuestos a la exportación en particular, Argentina supera holgadamente a los demás países: «La OCDE estima que desde el 2000 Argentina introdujo, incrementó o expandió 585 distintos derechos de exportación a diferentes productos». En marcado contraste, segundo y tercero en el ranking en ese periodo se encontraban China con 76 y Vietnam con 66.
«Los demás países no superaban los 30 productos alcanzados por derechos a la exportación», agrega. La estimación de la OCDE no contempla las últimas modificaciones en los derechos de exportación de Argentina.
El economista señala que si se hace foco específicamente en la producción agropecuaria de América y Europa, la situación es más impactante: «Argentina es el único país de estas regiones que posee un valor negativo en el ranking de estimación de apoyo al productor que reporta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)«. Esto significa que, en los demás países de estos dos continentes, al menos algún porcentaje de los ingresos de los agricultores proviene de políticas agropecuarias que aplican sus gobiernos (subsidios, precios mínimos, etc.).
«En Argentina, en cambio, al ser este porcentaje negativo, queda en evidencia que las políticas agropecuarias en nuestro país disminuyen el ingreso de los productores agropecuarios en lugar de aumentarlo. Esto redunda en una acentuada desventaja contra nuestros competidores más cercanos», destaca.
Con la última actualización del 4 de marzo pasado, las nuevas alícuotas alcanzan cerca de 600 productos y subproductos agropecuarios que poseen derechos de exportación en Argentina. Entre los más importantes se enceuntran:
- Harina y aceite de soja con 33%
- Trigo, maíz y sorgo con 12 %
- Garbanzo, arvejas, lentejas, girasol, maíz pisingallo, leche, y arroz pulido con 5%
- Arroz sin pulir 6%
- Harina de sorgo y maíz 5%
- Harina de trigo 7%
- Carne de vaca y de pollo 9%
- Carne de cerdo 5%
Forzani analiza las consecuencias económicas que trae consigo la diferenciación de derechos de exportación sobre cada producto en particular: «Impacta de lleno a sus productores, pero representa un subsidio indirecto a los productores o industriales que lo utilicen como insumo».
Así, por ejemplo, el derecho de exportación del 12% que posee el maíz perjudica a los productores maiceros, pero puede beneficiar a los ganaderos en el corto plazo porque reduce el precio del insumo que estos últimos normalmente utilizan. Asimismo, el impuesto del 9% a la exportación de carne perjudica a los ganaderos, pero beneficia a los frigoríficos: «Todas estas distorsiones que a prima facie pueden parecer inocuas, no hacen más que disminuir la eficiencia de la economía».
«El resultado de es una disminución de la producción de la economía argentina en su conjunto», concluye y agrega: «A largo plazo estas medidas solo empobrecen al país, dado que derivan en una menor producción de la que en otro caso hubiera sido posible».
El economista advierte que las políticas que impactan al agro afectan a miles de productores distribuidos por Argentina con conocimiento específico de cada rubro en particular: «Un mejor camino, para evitar distorsionar la economía, asegurar mayor y mejor producción, sería eliminar los derechos de exportación y dejar a los productores agropecuarios hacer lo que mejor saben hacer».
Ver también: Relevan 120 años de cosecha y lo relacionan con las políticas aplicadas al sector