En concreto, se las acusa de “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”.
Según se informó desde el Ejecutivo, antes de imputarlas se verificó que las empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, lo que establece la Resolución 100/2020 y sus modificatorias en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. “En rigor, dicha resolución, que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, tiene como finalidad proteger a los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”, señaló.
“Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores de la SSADC identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021″, informaron desde la Casa Rosada.
Y remarcaron que del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó “una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”.
Como ejemplos, citan los de la multinacional Unilever con “una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos”; la multinacional alimenticia Danone con “una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres”; la multinacional Procter & Gamble (P&G) con una “reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes”; la panificadora y elaboradora de pastas Fargo con “una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades”; la local Aceitera General Deheza (AGD) con “una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones”; Molinos Río de la Plata con “una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites”; la global de agronegocios Bunge con” una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas” y la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini sin información “con el detalle requerido para realizar un análisis completo“.
En ese sentido, se aclaró que en los casos de reducción de la producción o distribución, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acrediten ante la SSADC de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma y se les requirió que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización.