El proyecto original no prosperó por una medida engañosa que sacó Hugo Chávez, que pretendía la capacitación de pequeños productores y no la inversión de grandes empresarios, como se creía. Con los contactos y conocimientos adquiridos en ese tiempo se abrió camino por su cuenta. Hoy produce 2000 hectáreas de maíz, soja y sorgo, junto a la asociación Polo Sojero: “En Venezuela vi un mundo de oportunidades, me quedé asesorándolos porque me había hecho amigo de todo el sector agropecuario”, asegura.
Antes de comenzar a hablar, el agrónomo se disculpa por si en medio de la comunicación se corta la luz o el internet, ya que es un tema recurrente. “Aquí es normal que cuando uno está hablando se va la señal por media hora”, explica antes de seguir. En ese país se veía a la Argentina muy de cerca por el uso de la alta tecnología en el sector agropecuario, ya que crecía a pasos agigantados.
Ahora, “ven que la Argentina va por el mismo camino y al ritmo de Venezuela: se la comenzó a ver con mucha pena”, indica el oriundo de General Baldissera, Córdoba.
Los Grobo y otras compañías del agro intentaron establecerse en ese país, pero la experiencia duró apenas un año. Según explica, la idiosincrasia es “totalmente diferente a la nuestra”, porque el pensamiento y modo de vida es distinto. “En ese entonces Hugo Chávez andaba vendiendo un proyecto de vida grande, quería inversores grandes y adentro promocionaba otra cosa. No podían llegar inversores grandes a sembrar 50 mil hectáreas, porque en realidad Chávez lo que buscaba era que capacitara a los pequeños agricultores, para sembrar una hectárea. Eso estaba disociado de la realidad”, explica.
Hasta hace dos años, el Gobierno tenía control de precios, financiaba a través del sistema bancario a los productores con créditos para maquinaria, cereales, materiales e insumos, pero cuando el productor vendía la cosecha, el Estado fijaba el precio de los granos a nivel nacional. “No te pagan bien. En los últimos años el sistema fue muy problemático y hace dos años cayó, el Gobierno no pudo seguir subsidiando a la agricultura. Tuvo que, obligadamente, abrirse al mundo y liberar el mercado de precios. Aunque, en realidad, el precio se puso bueno porque hay una demanda muy grande y no existe producción”, precisa. Este año, en todo el país se están sembrando 150 mil hectáreas de maíz y para cubrir toda la demanda interna se necesitan 2 millones de hectáreas, por ende, hay una demanda muy alta de cereales y oleaginosas que se cubre con importaciones. Lo único que se exporta es el frijol [poroto] chino, a India, dado que se consume muy poco y cotiza muy bien en el mercado internacional.
Los granos cotizan un 30% más que en Chicago
“Cuando se importa se tiene que pagar el precio del maíz a precio del mercado de Chicago, el flete, la nacionalización, los impuestos y la corrupción. Eso te da un 30% más del precio de Chicago. Así, el maíz y la soja valen un 30% más del precio que se maneja a nivel internacional. Si se produce dentro de Venezuela, se vende a ese mismo nivel, es decir, a un precio superior”, describe. En ese sentido, Torre explica que para producir en Venezuela no tiene que pagar ningún tipo de impuesto; es decir, los productores tampoco tienen retenciones. “El sector agropecuario está liberado de los impuestos. Todo lo que entra va directo al productor. El Gobierno ya no hace tantos negocios como antes, tuvo que entregar todas las empresas que había expropiado porque no las pudo poner a producir y el sector agropecuario tuvo que salir a comprarlas de nuevo, así como los cereales para tratar de volver a producir y poner en marcha otra vez la economía”, aclara.
Producir una hectárea de maíz en Venezuela cuesta 800 dólares y el valor comercial está en 400 dólares la tonelada que entran íntegros al bolsillo del productor. En soja, los costos están entre 550 y 600 dólares por hectárea y el precio ronda entre los 600 y 650 dólares la tonelada. El problema surge en que todos los servicios en ese país estuvieron subsidiados durante muchos años. “Hay un problema de rendimiento que estamos tratando de solucionar desde nuestro conocimiento, porque el venezolano siempre estuvo subsidiado y con el subsidio nunca se preocuparon de tener buenos rindes, y ahora no tienen productividad”, afirma.
Uno de los hechos curiosos que se dan en ese país es “el impuesto” llamado “la nacionalización». Según explica Torre, se da en la economía para los productos que “entran de afuera”. En tanto los productores o importadores en todos sus escenarios pagan una suerte de “soborno” para poder operar. “Son como un impuesto indirecto, para cada cosa que uno quiera hacer”, explica. A su vez, extiende que en la agroindustria, en la mayoría de los casos, tienen que “transar” para poder habilitar los papeles y hacer los trámites correspondientes para importar insumos, por lo que terminan pagando “el impuesto a la corrupción”.
El productor asegura que la gente aprende a vivir de ese modo. “Las primeras veces puede ser chocante. Cuando llegué me dijeron que las cosas funcionaban por plata o por contacto. Así es en todo. Lo vivís como algo normal, porque ya funciona así, aunque no debería”, aclara. Para Torre, Venezuela “está muy informal en el tema legal”. Cuenta que hay una situación política entre la oposición y el Gobierno de turno, donde hay una asamblea de Estado y una de la oposición que, en definitiva, no se sabe “si las leyes son legales o no”, según relata entre risas. Pese a esto, las cosas se terminan haciendo y naturalizando.
Venezuela y las portunidades para la agricultura
En este momento en ese país se están sembrando entre 10 mil y 15 mil hectáreas de soja en toda la zona productiva, pese a tener una capacidad de 20 millones de hectáreas. “Las oportunidades son enormes, el precio es espectacular acá adentro, pero hay que invertir”, precisa. Después del fracaso del Gobierno por financiar al sector y controlar el precio del mercado de los granos, se decidió que sea el mercado el que tenga el control de los cereales y oleaginosas. Así, los inversores privados se autofinancian, aunque siguen siendo muy pocos los que cuentan con los fondos suficientes para invertir en la agricultura.
A diferencia de la inversión petrolera, que se hace a través del Gobierno, en la agropecuaria lo más aconsejable es hacerlo entre privados y eludir el Estado. Debido a la informalidad del país, se asentaron muchos inversores privados extranjeros. Lo más recomendable, comenta, es que siempre que se hagan inversiones de otros países que se hagan con “gente seria” porque también existe la «viveza criolla».
La informalidad también juega un papel central a la hora de recabar datos oficiales. Por ejemplo, se oculta información sobre cantidad de hectáreas sembradas, rindes y cosecha. Si bien se declara la cantidad de hectáreas a sembrar para hacer las guías de movilización, siempre se “declara mucho menos” por los contactos que se manejan entre la población. Todas las instituciones que dependen del Ministerio de Agricultura no funcionan por los sueldos bajos (US$ 5 mensuales), la escasez de combustible y la pandemia. “Hace diez años que no hay información cargada en el Ministerio por lo que nadie sabe qué se siembra o qué no”, asevera. Una institución privada -Fedeagro- es la que se encarga de relevar los datos duros del sector.
“Si vés al país desde el punto de vista trágico, sí, es trágico, pero si lo ves desde la oportunidad, las hay”, aclara. En el caso del combustible tanto para circular como para producir, asegura que “siempre se consigue”. El problema persiste dado que las refinerías están “tratando” de ponerlas en marcha y con el correr del tiempo no se asistieron, no se les hizo servicios, se dañaron y no pueden tener un funcionamiento constante para abastecer el consumo interno.
No es un mito: el combustible vale lo que cuesta un caramelo. “Cuando llegué acá me sorprendí porque llenaba un tanque de nafta súper y pagaba menos que una cola. Hoy sigue siendo lo mismo. Pero el problema es que está subsidiado, uno a precio internacional: 50 centavos y otro a precio interno que es subsidiado. Es un caramelo por litro. Pero hay que estar haciendo la fila durante tres días hasta que llega la cisterna a descargar”, dice. Lo que se encarece en ese lugar es el precio del transporte, el flete. “Siguen con la idea de subsidiar a todo el mundo y lamentablemente ya no tienen dinero para hacerlo”, sintetiza.