Por tal motivo, algunas fuentes oficiales sostienen que lo triplicarían de 5% al 15%, a través de una resolución de la Secretaría de Energía, por los próximos 2 meses, para mitigar, aunque sea parcialmente, la actual situación.
En este sentido, el bloque de diputados de Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, presentará un proyecto de ley para elevar al 20% la mezcla del biodiésel -su materia prima es la soja- en el gasoil, como alternativa ante la crisis.
En tanto, días atrás, como paliativo, YPF decidió cobrar un valor diferencial para el gasoil a los demandantes extranjeros. Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, afirmó al diario La Nación que esa demanda externa no explica lo que está pasando. Reconoce que creció en provincias de frontera “pero también en las no limítrofes”.
“La producción local de gasoil está en baja desde 2016 y hoy es menor a la de 2010. Además, se importó poco y la mayor parte para consumo de las centrales térmicas. La escasez es resultado de una mala política energética, con nula programación y desarbitraje de precios respecto de los internacionales”, explicó el especialista.
Al respecto, un trabajo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), señaló que el faltante de gasoil es de unos 800.000 metros cúbicos: “Si tomamos en cuenta lo que efectivamente se agrega al gasoil –un 4%- y lo que antes se debía agregar –un 10%-, la diferencia es del orden de 880.000 metros cúbicos de biodiésel, considerando que además hay algunos segmentos de consumo de gasoil, sobre los que no se efectúa corte alguno, como el que se usa para minería”, precisó la entidad.
La primera ley de biocombustibles -que se impulsó en la presidencia de Néstor Kirchner en 2006- estableció la obligatoriedad de incorporar un mínimo de 5% de biodiésel al gasoil; el porcentaje fue creciendo hasta alcanzar el 10%. La nueva ley sancionada el año pasado recortó la mezcla al 5%. Esa norma la impulsó el kirchnerismo y recibió algunos apoyos de legisladores de la oposición de provincias del norte.
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Todo mal. Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles sostuvo que “la Argentina violó el principio de progresividad previsto en el Acuerdo de París y en el Acuerdo de Escazú –ratificados ambos por leyes nacionales-, y en la Ley Nacional Ambiental, o sea, abiertamente violó a la Constitución Nacional”, precisó.
Molina aseguró que la industria argentina del biodiésel está en condiciones de abastecer más porque actualmente solo utiliza 40% de su capacidad instalada, que es de 4,4 M de metros cúbicos por año: “Se debe a la reducción del corte y a la imposibilidad de exportar a Estados Unidos por sanciones que aplicó hace algunos años ese país a la Argentina”.
Insistió en que el sector está en condiciones de abastecer más de 200.000 metros cúbicos mensuales, “con lo que se normalizaría el mercado”. Respecto del precio, admitió que no es más barato que el gasoil que se comercializa en las estaciones de servicio, pero sí es “competitivo” con el del importado, al que sustituye. “Además, se paga en pesos, en un momento en que el país enfrenta una enorme restricción en su sector externo”, explicó Molina.
Decisión política. Agregó que la Secretaría de Energía, en su rol de autoridad de aplicación de la ley, puede elevar el corte y, además, instrumentar un programa de sustitución de importaciones de gasoil. Debería modificar el impedimento de vender biodiésel al mercado local a los productores que se dedican a la exportación del producto o de sus insumos principales.
Por esa restricción quedan afuera del mercado interno de biodiesel Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Cofco, LDC, Molinos Agro, Vicentin y Viterra. Molina precisó que “hay que promover un mecanismo legal para que la mayor demanda de biodiésel pueda ser abastecida de manera universal, competitiva y transparente, evitando la concentración de mercado”, y planteó que otro de los problemas a solucionar el “largo plazo de pago que unilateralmente” imponen las petroleras a los productores de biodiésel que les vende, “fundamentalmente YPF”.
Apuntó que la empresa estatal “paradójicamente vende metanol, insumo indispensable de aquel combustible renovable, en contado anticipado, y paga el biodiésel en un plazo medio de entre 45 y 60 días, hecho que obliga contratar onerosas coberturas en el mercado de dólar futuro”.