Reclaman que, por la intervención sorpresiva de SanCor, fueron desconocidas por el Gobierno a la hora de oficializar la escala salarial.
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Apymel presentó un recurso administrativo y habrá dos semanas de espera para una posible reconsideración.Como en una mañana de verano, lenta pero consistentemente, comenzó a subir la temperatura en el sector lechero respecto a la homologación de la paritaria que el Gobierno realizó de manera irregular y repentina.
Hicieron falta 18 reuniones para debatir el ajuste del salario de los trabajadores lecheros, intercalando un paro y arribando en la noche del 18 de diciembre a un acuerdo donde el Centro de la Industria Lechera (CIL) aceptó todos los pedidos, pero la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) se negó al pago de dos bonos extra que sumaban 13 mil pesos por empleados, a liquidarse entre el primero y el tercer mes del año. Había por tal motivo un acta complementaria en la que se registraba la posición de las pymes.
Pasaron las semanas y el 17 de enero el Ministerio de Trabajo homologaba la paritaria como venía. Sin embargo, sin previo aviso, apareció SanCor expresando su voluntad de querer volver a tener peso en la discusión paritaria y con una retroactividad inusual. Sin mucho preludio, con fecha del 24 de enero se concreta todo esto con una nueva Resolución. Se termina unificando, en una suerte de desempate, el aval del Gobierno para que todos paguen los bonos, a cada trabajador, sin importar el impacto en las empresas.
El lunes pasado, Apymel hizo una presentación formal en el Ministerio y también se lo trasladó al responsable del área, que el reclamo desconoce formalidades, pero sobre todo la postura de quienes debatieron en el marco de la paritaria.
Este “recurso de reconsideración de la homologación del acuerdo paritario correspondiente a 2019” no cuestiona la suba del 57,5% en toda la escala salarial, tal como figura en un comunicado oficial de Apymel, ni tampoco va en contra del bono de $8.500 para la salud, educación y bienestar gremial definido para agosto.
El pedido de las pymes lácteas también fue replicado ante el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, quién pareciera que entiende de buena manera la intención de las empresas, pero que no da indicios de cambio.
Serían dos semanas para extender el aguardo de una respuesta para deshacer una paritaria igual a las de las grandes empresas lecheras. Además de entender por qué SanCor apareció en este momento y con semejante consecuencia.
De no haber novedades a favor de las industrias pymes se podría llegar a un reclamo judicial.
Apymel asegura en su comunicado oficial que “el cumplimiento del acuerdo no tendrá el mismo impacto en la cooperativa que en el resto de las empresas. Con un nivel de procesamiento similar a cualquiera de las pymes representadas por nuestra entidad, el Gobierno vuelve a privilegiar a una empresa que además de incumplir con los compromisos ante sus trabajadores, sigue sosteniendo una millonaria deuda con el propio Estado y con la entidad gremial”.
En el detalle, se recuerda que “para poder sentarse a la mesa paritaria, Apymel debió presentar notas de aceptación ante todos los protagonistas del debate salarial, ocho años atrás y sin efecto retroactivo alguno, hecho contrario al de este caso”.
Se explica que “el ingreso de SanCor en estas circunstancias es de evidente daño para el sector empresarial pyme, imponiendo un costo que genera inequidad competitiva en contra de un sector debilitado por el contexto económico y que ahonda más las diferencias en envergadura y capacidad tecnológica entre las lácteas grandes y las pymes”.
Agregando tensión, la manifestación de las empresas subraya que “un voto irregular es lo que termina definiendo el destino de toda la paritaria sectorial”.
En esta jugada política, donde el gremio tiene el peso fundamental y SanCor termina prestándose a un juego muy particular, las pymes traslucen el temor de no poder cumplir con todas las obligaciones, a pesar que la principal preocupación en cada mes es cumplir con el pago de salarios y de la materia prima, para sostener empresas que en muchos pueblos del interior del país son la base de la escena laboral.
Sacude entonces Apymel a un Gobierno que no respondió a las necesidades de la lechería y, sobre todo, perjudica en esta resolución la confianza que debería erigirse lejos de lo que ya es un mecanismo empastado.