“El 25 a la noche, evidentemente pensando que no iba a haber nadie, vinieron a los tiros y ese día se dio información a criminalísticas. Eran entre 60 y 70 personas. Todos estaban armados. Entraron a los tiros”, relata a Agrofy News Mollica, el yerno de Ricardo Picón, dueño del campo llamado Caranchi Pozo. El día anterior, contó, los usurpadores habían estado merodeando el campo, intentando tomarlo, pero al no poder hacer se fueron. Sin embargo, horas más tarde, el día de Navidad volvieron a aparecer creyendo que no había nadie en el campo. “Estamos desprotegidos y la única manera de recuperarlo es que alguien nos ayude rápido”, expresó el productor.
Después de este episodio violento, la familia fue a la comisaría a poner la denuncia. “Pero la justicia está muy lenta. Todavía no avanza nada y una parte del campo nos quedó sin sembrar”, se lamenta. El campo pertenece a la familia desde hace más de 100 años, exactamente, desde 1919, cuando los abuelos de Aníbal lo compraron. Ahí siembran maíz y soja todos los años. Dentro de la propiedad tienen una casa que data de 1926 que usa la familia para los fines de semana. Además, sostienen que están con todos los impuestos al día.
“Los usurpadores se presentaron anteriormente en el campo con un boleto de compraventa apócrifo de 1999”, contó Mollica. La situación se intensificó en la Nochebuena cuando por orden de los ahora denunciados, un grupo de personas tomaron por asalto el campo mientras los dueños estaban adentro. Ese mismo día, la familia decidió arreglar el alambrado, pero el día siguiente fueron sorprendidos por un séquito de personas armadas. Según sostiene el yerno de Aníbal Picón, los usurpadores habrían presentado un boleto falso de compraventa que indica que los campos pertenecerían a Pedro Ernesto Manzur, apuntado como primo de Juan Manzur, el jefe de Gabinete de la Nación y ex gobernador de la provincia de Tucumán, aunque aclara que esto último no está comprobado.
“Con esto [el apellido y el supuesto vínculo con Manzur] intimidan a la policía y la gente no sabe si es mentira o no. Yo lo investigué al tipo ese y no tiene actividades declaradas en la AFIP. O sea, no es un productor”, explicó. Entre los documentos apócrifos que habrían presentado los sujetos también está un contrato de arrendamiento expedido por esta persona a nombre de un supermercadista llamado Alejandro Seleme, muy conocido en esa zona.
La preocupación de la familia radica en que por ahora y hasta febrero hay feria judicial y no se sabe cuándo podría un fiscal investigar la causa y que un juez certifica la veracidad de sus documentos y pruebas. “Siento desesperación, desilusión. Es una gran decepción, todo eso junto. Si por mí fuera me iría del país porque tengo dos hijos, pero no tengo ganas de nada”, narró, visiblemente golpeado por el mal momento que atraviesa la familia.
“Ayer fuimos con el juez de paz, Martín Molina, pero es un juez de paz porque todavía están de feria. No pudimos entrar así que lo hicimos desde afuera porque ellos, los usurpadores están adentro. El juez dijo que van a sacar una medida, pero hasta ahora no sabemos nada”, dijo.
Antecedentes
En mayo del año pasado, un campo de 100 hectáreas de un vecino suyo también fue usurpado por esta misma gente, que toma posesión de las tierras violentamente. “Ahora ese campo está todo plantado con caña de azúcar”, contó. El miedo suyo es que suceda lo mismo con sus tierras. Hasta ahora ocuparon 600 hectáreas de las 1600. “La policía permite que entre gente e ingresen comida. Para nosotros es una impunidad total”, sostuvo el productor.
“Nunca habíamos pasado por nada similar. Sé que hay gente que está acostumbrada a lidiar con estas cosas, pero nosotros no. No sabemos ni cómo hacer, actuar, proceder. No tenemos un panorama claro hacia adelante. Ya pasó un mes, para nosotros es mucho tiempo y no poder ingresar a lo que es tuyo desespera”, añadió. La familia tiene la asesoría de dos abogados, un penalista y un civil, que están trabajando el caso. Mientras los usurpadores tomaron el campo, la familia estaba sembrando un lote de 86 hectáreas de maíz, mientras que otro lote quedó sin sembrar.
La preocupación de la Sociedad Rural de Tucumán
Ante una consulta de Agrofy News al presidente de la Sociedad Rural de Tucumán sobre la denuncia de este tipo de casos, sostuvo que desde esa oficina están enterados de esta situación y que están “apoyando y defendiendo la propiedad privada”, junto con el productor. “Venimos trabajando muy fuertemente en el tema de usurpaciones. Los hemos tomado hace un año y medio para trabajarlo de manera fuerte. Sabemos que se producen usurpaciones en Tucumán y lo hemos manifestado públicamente”, sostuvo.
Y siguió: “No solo en cuestiones particulares. Lo que queremos saber es, de acuerdo a las denuncias de los productores, de qué manera se hacen y quiénes están detrás de esto”, expresó. Asimismo, sostuvo que no se involucran en casos puntuales o que ya estén en manos de un juzgado. “No nos metemos en casos donde la Justicia intervenga, lo que sí pedimos es que cuando haya órdenes de desalojo es que estas se cumplan de manera inmediata”, afirmó.
Por otro lado, contó que están trabajando sobre usurpaciones en tierras fiscales. “Como vemos que ocurre en otras partes del país, a los costados de las banquinas, las vías, en lugares que son propiedad del Estado, hay asentamientos. No es menor, estamos preocupados. En los últimos 15 días hubo dos casos de mucha resonancia acá en Tucumán, que están en manos de la Justicia”, sintetizó.