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(NAP) El Gobierno argentino formalizó una fuerte simplificación normativa en el sector comercial e industrial, con la publicación hoy de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, se derogaron un conjunto de resoluciones, destacándose el cierre definitivo y la eliminación de toda la normativa remanente del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

La medida se enmarca dentro de la estrategia oficial impulsada por el Ministerio de Economía para eliminar regulaciones que consideran obsoletas, distorsivas o que generan “superposición y dispersión de normas”.

(NAP) La industria del biodiésel expresó su respaldo al proyecto de ley de biocombustibles impulsado por el Gobierno nacional y destacó que la iniciativa introduce cambios que, a su juicio, permitirán generar mayor competencia, inversiones y eficiencia en el sector.

Así lo sostuvo Luis Zubizarreta, vicepresidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, quien valoró especialmente la decisión oficial de avanzar hacia un esquema menos regulado, aunque reconoció que la propuesta no incorpora todos los cambios que la industria hubiera deseado.

(NAP) Lo que comenzó como una respuesta a la crisis económica y social de 2001 se transformó en una de las experiencias más consolidadas de agricultura urbana del país. A 25 años de su creación, el Programa de Agricultura Urbana de Rosario involucra a unas 2.000 familias, cuenta con más de 50 hectáreas de huertas agroecológicas y se convirtió en una herramienta de inclusión social, generación de empleo y producción de alimentos.

“Empezó a pensarse cómo garantizar el acceso a alimentos de calidad para las familias más vulnerables de la ciudad”, explicó Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de Rosario.

La iniciativa surgió en terrenos baldíos, espacios ociosos y áreas cercanas a las vías ferroviarias, donde el municipio comenzó a impulsar la producción hortícola mediante asistencia técnica, provisión de semillas y acompañamiento permanente a los productores.

“Se buscó aprovechar la tierra fértil que tenemos en la región para que las familias pudieran alimentarse y también desarrollar un emprendimiento que les permitiera vivir de esa producción”, señaló.

A diferencia de otras experiencias similares, desde el municipio destacan que el programa no se limita al autoconsumo ni a la función educativa.

Actualmente Rosario dispone de más de 50 hectáreas públicas destinadas a huertas agroecológicas distribuidas en distintos parques-huerta de la ciudad.

“Hay producción real y comercialización. La gente vive de esto y los rosarinos pueden acceder a frutas y verduras a través de las ferias y mercados municipales”, afirmó Gianelloni.

Los productos se comercializan en una red de ferias y mercados impulsada por el municipio, donde participan emprendedores de la economía social y productores urbanos.

Según explicó el funcionario, algunas familias lograron consolidar emprendimientos propios, desarrollar canales de venta directa y construir una cartera estable de clientes. Otras continúan produciendo a menor escala, principalmente para abastecer sus barrios.

Agroecología y producción sostenible

Uno de los rasgos distintivos del programa es su enfoque agroecológico. Las huertas producen sin fertilizantes sintéticos ni productos considerados contaminantes.

Para sostener este modelo, Rosario desarrolló un Centro Agroecológico donde se producen semillas, plantines y preparados naturales destinados a los productores que integran la red.

Además, la ciudad impulsó el programa Cinturón Verde, orientado a productores periurbanos que comenzaron una transición desde sistemas convencionales hacia prácticas agroecológicas.

“Logramos ampliar la frontera de producción sostenible de alimentos dentro de la ciudad”, destacó Gianelloni.

Para el municipio, la agricultura urbana forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo social y planificación territorial.

Cada vez que Rosario avanza en procesos de urbanización de barrios populares, busca incorporar espacios productivos junto con centros de salud, infraestructura comunitaria y equipamiento social.

“Creemos que cuando el Estado interviene en un barrio debe garantizar derechos y generar oportunidades de trabajo. La producción de alimentos permite mejorar la calidad de vida y crear ingresos para las familias”, sostuvo el funcionario.

El esquema también contempla la participación de propietarios privados que ceden temporalmente terrenos sin uso para actividades productivas, a cambio de beneficios tributarios previstos por ordenanzas municipales.

“Muchas veces, cuando se piensa en políticas sociales, se piensa solamente en asistir. Nosotros creemos que hay que generar oportunidades de trabajo para revertir situaciones de pobreza estructural”, afirmó.