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La soja fue durante más de dos décadas el corazón del modelo agroexportador argentino. Motor de divisas, eje de la sojización y sostén del complejo industrial aceitero. Pero hoy enfrenta una combinación explosiva: precios internacionales en retroceso y una presión fiscal que absorbe el 82,6% de la renta por hectárea, según el informe difundido por Néstor Roulet.

En la antesala del inicio de las sesiones ordinarias, el Congreso se prepara para una serie de votaciones que pueden marcar el rumbo productivo de 2026. La ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ya tiene media sanción en Diputados y se encamina al recinto del Senado. Para el sector agroindustrial, no se trata solo de un gesto diplomático: es una señal directa hacia los mercados sobre previsibilidad y acceso comercial en un contexto de mayores barreras arancelarias y exigencias ambientales.

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la mayoría de los aranceles globales que había impuesto Donald Trump, pero en la Argentina el foco estuvo puesto en otro punto: la cuota adicional de 80.000 toneladas de carne bovina que el mandatario norteamericano otorgó por fuera del acuerdo comercial bilateral seguiría vigente. Para el sector cárnico local, que mira cada movimiento en Washington con lupa, la noticia importa -y mucho- porque consolida un mercado que hoy es estratégico en plena competencia regional.

En diciembre de 2025 la actividad agropecuaria y agroindustrial mostró escasas variaciones mensuales, pero un balance interanual heterogéneo: 11 sectores crecieron y 8 cayeron, según el monitor sectorial. El dato importa porque el campo explica buena parte del crecimiento estimado del 4,2% del PBI en 2025 y porque define el ingreso de divisas en un contexto todavía condicionado por tasas altas, consumo débil y debate abierto sobre retenciones y competitividad.

 Un informe del productor y dirigente cordobés Néstor Roulet reveló que el 82,6% de la renta generada por una hectárea de soja en Argentina termina en manos del Estado, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. El cálculo, difundido esta semana, vuelve a poner en debate el peso de las retenciones y la presión fiscal sobre el agro, en un contexto de márgenes ajustados y productores que operan mayormente sobre campo alquilado.