“No es la primera vez que efectúan este tipo de trabajos que no están autorizados», señaló un funcionario durante el operativo
Tras sucesivas advertencias, el gobierno provincial informó que a través del Ministerio de Obras Públicas se volvió a intimar a una familia rufinense propietaria de una estancia por la construcción de canales clandestinos para escurrir aguas de sus hectáreas de campo, generando graves daños a los vecinos rurales de región.
En esta oportunidad, el allanamiento fue realizado por la Unidad de Atención de Procedimientos perteneciente a la Secretaría de Recursos Hídricos junto a personal policial. Los equipos llevaron a cabo el procedimiento de sumario administrativo cumpliendo con la “Ley de Aguas” (Nº 13740) y las resoluciones reglamentarias, lo que determinó la clandestinidad de la obra. En consecuencia, se produjo su desbaratamiento. Este caso será tomado por Fiscalía de Estado.
Al respecto, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, señaló que “hay reincidencia en daños y los propietarios de los lotes donde se detectaron las obras clandestinas pertenecen a la localidad de Rufino. Los responsables deberán afrontar los costos que demandaron los operativos de desactivación de obras, y quedarán expuestos a reparar los daños con penalidades económicas que dictaminará la Justicia”.
“No es la primera vez que efectúan este tipo de trabajos que no están autorizados. Han intervenido con obras para volcar aguas sin ninguna contemplación hacia la laguna La Picasa, lo que en épocas de registros altos de lluvias genera daños a otros productores. Avanzamos con la implementaciones de tapones de tierra para dejar sin efecto esta canalización ilegal que habían realizado”, expresó el funcionario.
Trabajos ilegales en el campo
Según explicaron los técnicos del Ministerio, esta construcción artificial no habilitada y detectada por Provincia era una canal de salida de agua que en otras ocasiones fue prohibido por la Provincia. La función de esta obra no regulada es derivar el agua a Laguna La Picasa.
Según la comunicación, no es la primera vez que esta familia comete infracciones: en el año 2018, el Gobierno Provincial también actuó de oficio y cerró el canal clandestino con orden judicial, sin embargo, a modo de desobediencia el canal fue nuevamente abierto por los propietarios.