Aun mes del atentado en la Sociedad Rural Argentina (SRA), se conoció que el presidente de la entidad, Nicolás Pino, se reunió con el juez Sebastián Casanello, quien está a cargo de la causa. El presidente de la entidad fue notificado sobre presuntas líneas de investigación que se siguen en el caso, pero también fue confirmada la continuidad del equipo de seguridad que lo acompaña las 24 horas. El magistrado, si bien no trascendieron detalles, tendría una investigación firme.
Según pudo saber LA NACION, en el encuentro, que se realizó hoy, el dirigente rural fue sometido a algunas preguntas de rigor por parte del magistrado, quien además confirmó que la custodia que lo ha acompañado hasta ahora va a continuar por más tiempo. Además, la Justicia evalúa asignarle al dirigente rural un equipo permanente. Mientras tanto, el operativo de seguridad dentro del edificio de Palermo continúa siendo riguroso.
Desde el 5 de septiembre pasado, cuandollegaron dos paquetes a las instalaciones de la Rural, uno dirigido al presidente de la entidad, y otro al vicepresidente, Marcos Pereda, el día a día de la entidad cambió por completo. A partir de entonces, Pino ha contado con protección las 24 horas, tanto en su casa como en los desplazamientos que ha hecho a lo largo y ancho del país.
Es acompañado por un cuerpo de policías que lo escoltan en sus viajes y compromisos por el interior. El operativo está a cargo de la policía de la Ciudad. Cuando viaja al interior es acompañado también por un equipo que se complementa con un policía local.
Vale recordar que, cuando llegaron los paquetes a la Rural, el que era para Pino fue abierto por su secretaria, Pamela Sousa, y en ese momento “reaccionó liberando una especie de humo/polvo blanco”.
Al margen de la seguridad dispuesta al dirigente rural, también hay una cuestión de protocolo que se modificó en las instalaciones en estas últimas semanas. Por ejemplo, los paquetes que llegan a la recepción son abiertos únicamente con una brigada de explosivos de la Ciudad que llega a la entidad una o dos veces por semana para hacer este tipo de tareas. Posteriormente, y una vez verificados, los paquetes son entregados a sus destinatarios finales.
En septiembre pasado, cuando se hizo la 160° Asamblea General Ordinaria, en la entidad debieron armar por primera vez en la historia un operativo de seguridad para facilitar el ingreso de los más de 200 socios que llegaron a la Rural.
Según se conoció, más allá del operativo policial que dispuso el gobierno de la Ciudad, todos los socios que asistieron tuvieron que pasar por un proceso de acreditación para poder ingresar a las instalaciones. Es decir, los policías estuvieron adentro de la asamblea a la que históricamente solo acceden los socios de la entidad.
En cuanto al ámbito judicial, la investigación sigue su curso, con varias líneas de indagación abiertas, pese a la decisión del juez federal Daniel Rafecas sobre la liberación del agente inmobiliario, Alberto Soria, el único detenido en la causa,por falta de mérito. En aquel entonces Soria había sido detenido en Floresta y fue indagado por el juez Rafecas, que subrogaba el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°7 de Sebastián Casanello. Rafecas ordenó la libertad de Soria después de dictar la falta de mérito tras confirmar que no sería quien entregó el paquete bomba en la sucursal de Barracas del correo privado Andreani.
No obstante, hoy la causa sigue su curso. En ese contexto, el fin de semana Pino recordó en las redes sociales el hecho que lo marcó para siempre: “Hoy se cumple un mes del atentado y quiero agradecer de nuevo todas las muestras de apoyo y solidaridad que recibí este tiempo. Gracias por acompañar en momentos difíciles. Esto nos da más fuerza para seguir adelante, defendiendo al campo ya nuestra gente”.