El agro enfrenta una carga impositiva oculta que supera incluso las retenciones
Aunque las retenciones a las exportaciones siguen siendo uno de los principales reclamos del campo, productores y expertos coinciden en que hay una carga aún más silenciosa y perjudicial: la acumulación de saldos técnicos de IVA que no se devuelven y terminan asfixiando financieramente al sector.
¿En qué consiste la trampa del IVA?
En lugar de actuar como un impuesto neutro, como establece su lógica, el IVA se convierte en un costo adicional para las empresas agropecuarias. Esto ocurre porque venden granos con una alícuota reducida del 10,5 %, pero compran insumos —como semillas, fertilizantes y fitosanitarios— al 21 %. La diferencia genera un excedente de crédito fiscal que no puede utilizarse y queda inmovilizado como “saldo técnico”.
“El IVA, que debería ser neutro, termina erosionando la rentabilidad y restringiendo el capital de trabajo justo en un momento donde cada peso cuenta”, advierte Mariano Echegaray Ferrer, tributarista y especialista en economía agropecuaria.
En un contexto donde el financiamiento bancario es caro y difícil de acceder, ese dinero inmovilizado es como tener agua en el desierto… pero en una botella cerrada, resume gráficamente el especialista.
Más controles, mismas retenciones
A esta carga impositiva oculta se suma otra: desde 2001, el productor sufre retenciones de IVA al vender su producción. Es decir, no cobra el 100 % del débito fiscal de sus ventas, como mecanismo para desalentar la informalidad.
Sin embargo, Echegaray Ferrer señala que ese argumento ya no se sostiene: “Hoy la actividad agropecuaria es una de las más controladas del país. La trazabilidad es total: desde la ubicación georreferenciada de los lotes hasta las cartas de porte electrónicas y las liquidaciones primarias, todo está en línea”.
Entonces, ¿por qué se siguen aplicando estas retenciones del 5 % al 8 % sobre ingresos de un sector plenamente formalizado?
Una agenda mínima para aliviar al productor
Para Echegaray Ferrer, no se trata de pedir beneficios especiales, sino de respetar un principio básico: la neutralidad del IVA. “Devolver los saldos técnicos, permitir que se usen para cancelar cualquier obligación fiscal o previsional, y eliminar retenciones sin justificación, debería ser parte de una agenda mínima para no castigar al que produce, invierte y arriesga”, concluye.