La falta de coordinación entre la Justicia y el SENASA dejó abierta la barrera a la carne con hueso, pese a una orden judicial. En medio del desorden, el SAG de Chile ya inspecciona la región y define si mantiene el bloqueo a las exportaciones argentinas.
La Patagonia vive horas de incertidumbre por el caos en la barrera sanitaria que debía impedir el ingreso de carne con hueso a la región. Pese a una orden judicial que suspendía la Resolución 460/25 -la norma que habilitó el paso de carne con hueso desde fines de junio- los camiones continúan circulando sin restricciones, dejando al descubierto un vacío de control que preocupa tanto al sector ganadero local como a los mercados internacionales.
El origen del conflicto está en una medida dictada por la jueza Mariel Borruto, del Juzgado de Tierra del Fuego, que ordenaba suspender la resolución. Sin embargo, la notificación al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) quedó atrapada en un embrollo burocrático. La Sociedad Rural de Tierra del Fuego, presidida por Lucila Apolinaire, cumplió con el pago de una caución de 5 millones de pesos, pero se le impuso también la obligación de notificar directamente al SENASA. El organismo nacional, lejos de acatar de inmediato, mantuvo la postura de que la Resolución 460 seguía vigente, y sus agentes no recibieron instrucciones para cerrar el paso.
La confusión se agudiza porque, en paralelo, una comisión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile se encuentra en la región para auditar los controles argentinos. Chile había decidido cerrar sus fronteras a toda la carne argentina luego de que la Patagonia perdiera el estatus de «libre de aftosa sin vacunación». El resultado de esta visita será clave: de las inspecciones depende que se reabra o no el mercado chileno, un destino fundamental para los productores lanares y frigoríficos del sur.
Desde las oficinas regionales del SENASA, ante la consulta sobre si seguían pasando camiones a pesar del fallo judicial, la respuesta fue tajante: «Por el momento la Resolución 460/25 sigue vigente». Incluso se confirmó que el coordinador jurídico de la Delegación Regional V, José Luis Darriba, había recibido la cédula electrónica con la sentencia, pero sin que eso se tradujera en una orden operativa.
En los hechos, la situación derivó en una barrera sanitaria sin control efectivo, lo que significa la libre circulación de carne con hueso hacia la Patagonia, pese a la medida cautelar. La propia Lucila Apolinaire expresó su desconcierto: «No sabemos quién controla esto», resumió, reflejando la sensación de vacío de poder en un tema sensible para la producción ganadera y la seguridad sanitaria de la región.
Este episodio no solo refleja un problema de coordinación institucional, sino que pone en jaque la credibilidad de los controles sanitarios argentinos en momentos en que el país intenta sostener mercados externos y defender su condición de proveedor confiable de alimentos.