La quita temporal de las retenciones a la soja, el maíz y el trigo, que había sido anunciada hasta el 31 de octubre por el decreto 682/2025, terminó durando apenas tres días. Entre el 22 y el 25 de septiembre, los exportadores cumplieron de inmediato con el cupo de US$7000 millones fijado por el Gobierno y el beneficio se dio por concluido. La medida, que había generado expectativas en el sector, terminó por desatar un fuerte malestar entre los productores, que se sienten nuevamente relegados frente al poder de las cerealeras.
En ese breve lapso se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19,5 millones de toneladas, el equivalente a unos 302 buques de 65.000 toneladas cada uno. La oportunidad fue aprovechada por las grandes exportadoras, que anotaron ventas masivas, mientras que muchos productores aseguran haber quedado afuera de los beneficios. «Promesa incumplida«, repiten en el interior.
Walter Malfatto, productor de Bragado, cuestionó con dureza la decisión presidencial: «Señor Presidente, usted dijo que la suspensión era hasta fin de octubre. No cumplió. Los principales beneficiados fueron los exportadores, no los productores. El campo lo apoyó, pero si sigue con esta actitud, no lo va a sostener». También recordó que el sector atraviesa un escenario complejo por inundaciones y problemas logísticos, lo que impidió a muchos productores aprovechar la ventana: «El campo es el motor del país y necesita un gesto concreto. Si el beneficio no llega al productor genuino, seguimos en el fondo del pozo«.
En esa misma línea, Sebastián Campo, productor de Pergamino, expresó en redes sociales su bronca: «Fue una jugada preparada entre el Gobierno y los exportadores. Con el esfuerzo de miles de productores, unos pocos se llenaron los bolsillos. Hace 26 años que trabajo en el campo y estoy cansado de ver cómo todo el esfuerzo termina en manos de los mismos de siempre».
Desde el análisis del mercado, especialistas, consideran que la medida tuvo fallas de diseño. «La idea de bajar las retenciones para generar divisas parecía buena, pero tal vez debería haberse limitado la inscripción de DJVE solo a compras hechas durante la vigencia del decreto. De lo contrario, el principal beneficio se concentró en los exportadores«. El resultado fue que, en apenas tres días, se agotó la capacidad teórica máxima de pago, con precios que llegaron a rondar los $450.000 por tonelada, aunque ahora se prevé una dinámica más moderada.
Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) defendieron el esquema y confirmaron que más de US$3500 millones ingresarán en los próximos días para liquidar mercadería comprada a productores, acopios y cooperativas. «Las empresas están ultimando los procesos frente al BCRA y ARCA para liquidar las divisas comprometidas y atender los pagos correspondientes, luego se continuará trabajando normalmente en el mercado de granos», señalaron en un comunicado.
El cierre abrupto de la medida volvió a abrir un frente de conflicto entre el Gobierno y el campo. Mientras los productores hablan de «promesa incumplida» y reclaman señales concretas, los exportadores garantizan el ingreso de divisas que refuercen las reservas. La discusión de fondo, sin embargo, sigue pendiente: cómo lograr que las políticas de alivio también beneficien al primer eslabón de la cadena y no solo a los grandes jugadores del comercio exterior.