Acusan a Daniel Stadnik (Carlos Casares) y María José Gentile (9 de Julio) de inacción y presunto incumplimiento de deberes en el manejo de la cuenca del río Salado.
Un grupo de productores rurales del partido bonaerense de Carlos Casares presentó una denuncia penal contra el intendente local, Daniel Stadnik, y la jefa comunal de 9 de Julio, María José Gentile, por la gestión de las inundaciones que afectan a la subregión A3 del río Salado. La presentación se hizo en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, e incluye también a funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense.
Los productores sostienen que la inacción oficial agravó un «estrago» productivo y social que dejó bajo el agua más de 250.000 hectáreas, con pérdidas en siembras, pasturas, lechería y ganadería. La denuncia apunta a tres delitos: estrago por inundación, omisión impropia por no actuar en sus roles dentro del Comité de Cuenca, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según el escrito, «la magnitud del daño no se debe exclusivamente al factor climático, sino a la falta de obras y de mantenimiento». Los ruralistas remarcan que la falta de limpieza de canales y de caminos rurales empeoró la situación y complicó la logística productiva.
En un relevamiento de Carbap, se estimó que en Carlos Casares había al menos 100.000 hectáreas afectadas, mientras que en 9 de Julio el número ascendía a 150.000 hectáreas. Los denunciantes aseguran que las autoridades se limitaron a atribuir las inundaciones a «lluvias extraordinarias», sin adoptar medidas concretas de prevención ni coordinación.
El caso incorpora declaraciones de los propios intendentes. En un acta de mayo, Gentile admitió la falta de recursos y pidió más coordinación con la Dirección de Hidráulica. Por su parte, Stadnik reconoció en una entrevista que no había convocado al Comité de Cuenca porque estaba «en plena campaña política» y esperaba que «se calmara la emergencia». Para los productores, esas frases son prueba de la omisión deliberada
Las consecuencias, advierten, van más allá de las pérdidas económicas: las inundaciones provocaron dificultades de transitabilidad, afectaron la vida cotidiana de los pueblos y generaron estrés en los rodeos por falta de alimento. La denuncia busca que la Justicia determine responsabilidades políticas y penales en una región históricamente castigada por la falta de planificación hídrica.