La fiscal federal Lucía Orsetti acusó al exlegislador provincial Luis Gerónimo Cisneros y a otros cinco hombres de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos hacia Bolivia
La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal formalizó la investigación contra seis personas, entre ellas el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisneros, a quienes acusó de contrabando agravado de granos y asociación ilícita.
Tartagal: contrabando agravado de granos
Según la fiscal federal Lucía Orsetti, la organización funcionaba desde al menos mediados de 2022 y montó un esquema para sacar granos de manera ilegal hacia Bolivia a través de Salvador Mazza, utilizando depósitos comerciales cuyo fondo desemboca directamente en territorio boliviano.
Los acusados son Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado. Todos quedaron imputados como coautores de los delitos. En tanto, la fiscal solicitó la captura nacional e internacional de Pablo Emanuel Arequipa, empresario señalado como otro de los líderes, que logró huir horas antes de los allanamientos.
Cómo operaba la red
La hipótesis de la fiscalía sostiene que la organización trasladaba grandes volúmenes desoja, maíz y trigo con documentación adulterada. Las cartas de porte eran emitidas a nombre de personas de escasos recursos, sin capacidad económica para justificar semejantes operaciones, lo que permitía disfrazar el origen de la mercadería.
Los granos llegaban en camiones a depósitos en Salvador Mazza, donde era descargado y reenvasado en bolsas. Luego, de madrugada, salía en vehículos menores que, tras rodear una escuela vecina, ingresaban a Bolivia sin pasar por los controles aduaneros.
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Entre junio de 2022 y enero de 2024, la investigación detectó que más de 15.500 toneladas de granos fueron declaradas a nombre de la empresa LU.MA.CIS SRL, propiedad de Cisneros, pero en realidad terminaban en los predios fronterizos de Klum y Exeni.
Los allanamientos y la fuga de Arequipa
La investigación comenzó en agosto de 2023, tras la denuncia de la administradora de la Dirección General de Aduanas en Tartagal. Con apoyo de Gendarmería Nacional, se realizaron nueve allanamientos en Tartagal y Salvador Mazza.
En esos procedimientos se secuestraron granos valuados en más de 69 millones de pesos, armas de fuego, cargadores, máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y documentación variada que respalda la hipótesis de la fiscalía. También se incautaron ocho silos en la empresa Sergesa SRL, presunta pantalla de la maniobra.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió en la vivienda de Arequipa: al ingresar, los efectivos encontraron el aire acondicionado encendido, comida aún tibia y un colchón cortado, donde se presume que ocultaba dinero. El empresario logró escapar pocas horas antes y se cree que cruzó a Paraguay.
Ganancias multimillonarias
La magnitud del negocio quedó reflejada en la facturación de las firmas investigadas. Solo en 2024, las empresas Spray and Seeds Agroservice S.A.S. y Sergesa SRL, vinculadas a Arequipa, registraron ingresos por más de $1.418 millones. Por su parte, LU.MA.CIS SRL, de Cisneros, facturó cerca de $45 millones entre 2023 y 2024.
La fiscalía destacó que ambos aparecen vinculados en al menos 11 causas más por irregularidades con transporte de granos.
Prisión preventiva y próximos pasos
La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, ordenó la prisión preventiva de Cisneros, Pedraza, Dorado y los hermanos Toledo, mientras que Arenas quedó en libertad bajo restricciones. La captura de Arequipa continúa vigente a nivel nacional e internacional.
Orsetti advirtió que se trata de un caso de extrema gravedad, no solo por el volumen de lo contrabandeado y el perjuicio económico, sino también por el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Ahora, la fiscalía deberá analizar una gran cantidad de documentación y teléfonos secuestrados para determinar la posible participación de otros involucrados y eventuales maniobras de lavado de activos.