El Gobierno impulsa una modernización laboral que incluye modificaciones en la Ley de Trabajo Agrario y redefine las condiciones del empleo rural.
Tras el resultado electoral que fortaleció al oficialismo en ambas cámaras, el Gobierno nacional busca avanzar con una de las reformas más ambiciosas de su gestión: la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, un paquete legislativo que promete actualizar el marco laboral argentino y revisar aspectos sensibles de la Ley de Trabajo Agrario (N° 26.727).
Fuentes oficiales adelantaron que el proyecto ingresará en las próximas horas al Congreso, y su tratamiento sería prioritario en las comisiones de Legislación Laboral y de Agricultura. El texto propone ajustes en artículos clave del régimen agrario, con el objetivo -según los fundamentos- de «actualizar y mejorar las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado, fomentando la contratación formal y el dinamismo del mercado laboral».
Entre sus principales ejes, la norma incorpora bonos de crédito fiscal, mecanismos de empalme entre programas sociales y empleo registrado, y cambios puntuales que buscan «modernizar la legislación agraria».
En lo referido a la Ley de Trabajo Agrario, el proyecto propone una nueva redacción para el artículo 3°, que detalla los casos de exclusión del régimen laboral agrario. Si bien los cambios son más de forma que de fondo, actualizan referencias legales e incorporan al texto nuevas categorías laborales, como el personal de casas particulares o el trabajador de cosecha y empaque de frutas, que pasarían a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744).
La redacción propuesta establece que el régimen no se aplicará a empleados vinculados a actividades industriales, comerciales, turísticas, de transporte o servicios, al personal administrativo, ni al personal dependiente del Estado. También aclara que los trabajadores de cosecha y empaque estarán bajo el marco de la Ley 20.744, salvo excepciones previstas en el artículo 7° inciso c) de la norma agraria.
El cambio más relevante, sin embargo, se introduce en el artículo 12, referido a contratación, subcontratación y cesión de trabajadores. La nueva versión reduce considerablemente la extensión del texto y limita la responsabilidad solidaria de las empresas y propietarios rurales.
En concreto, el nuevo artículo indica que los trabajadores serán considerados empleados directos de quien registre la relación laboral, aunque hayan sido contratados para prestar servicios en otra empresa. La empresa usuaria será responsable solidaria solo por las obligaciones devengadas durante el tiempo de prestación efectiva. Además, excluye expresamente de cualquier régimen de solidaridad a los propietarios que arrienden tierras que no constituyan establecimientos productivos, un punto que marca una diferencia sustancial respecto de la normativa vigente.
La Ley actual, en cambio, establece una responsabilidad solidaria más amplia, incluyendo la obligación de los empleadores de exigir el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social a contratistas o subcontratistas, y manteniendo la responsabilidad conjunta aun cuando el trabajador demande directamente al principal.
Con esta modificación, el Ejecutivo busca simplificar las relaciones laborales en el agro, reducir los litigios judiciales y favorecer la contratación de mano de obra, en línea con el discurso oficial de «flexibilización productiva» y reducción de costos laborales.
Desde distintos sectores del campo y las entidades rurales se espera un debate intenso en torno al impacto real de estas reformas, especialmente en lo referido a protección del trabajador agrario, responsabilidad de las empresas tercerizadas y formalización del empleo rural.
La Reforma Laboral: Proyecto de Ley completo – Cámara de Diputados y Senado de la Nación
La modernización laboral en el agro promete convertirse en uno de los ejes de mayor debate en el Congreso. Mientras el Gobierno argumenta que busca agilizar las contrataciones y reducir la informalidad, los gremios y especialistas del sector advierten sobre el riesgo de debilitar derechos laborales consolidados en un sector históricamente vulnerable.
En ese escenario, la Ley de Trabajo Agrario vuelve al centro de la discusión, como símbolo de las tensiones entre productividad, competitividad y justicia social que atraviesan al mundo del trabajo rural argentino.