Un estudio de la FAUBA revela que adaptarse a la norma de deforestación cero costará poco y podría mejorar el precio que reciben los productores argentinos.
Cuando parecía que Bruselas volvería a postergar su decisión, la Unión Europea confirmó que, desde enero de 2026, sólo comprará soja y carne provenientes de zonas sin deforestación posterior a 2021.
Para la Argentina, esto implica un desafío clave para sostener un mercado de más de 4.000 millones de dólares anuales, especialmente considerando que el 20% de nuestras exportaciones de soja industrializada tiene destino europeo.
Frente a este escenario, la cadena agroexportadora argentina ya se está preparando a través de la plataforma VISEC, avalada por los importadores del Viejo Continente y en plena implementación.
Un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), elaborado por Silvina Dal Pont y Ulises Martínez Ortiz, analizó cuánto costará cumplir con el nuevo reglamento.
La respuesta fue contundente: los costos adicionales son bajos, entre U$S 1,28 y U$S 4,20 por tonelada, dependiendo del nivel de coordinación entre los exportadores.
Dal Pont explicó que «no tiene sentido evadir esta responsabilidad cuando los costos son mínimos frente al precio internacional de la soja, que ronda los U$S 400 por tonelada«. Y añadió que el cumplimiento podría abrir nuevos mercados y fortalecer la imagen ambiental del agro argentino.
Tres escenarios posibles
Martínez Ortiz detalló tres modelos que los exportadores podrían adoptar:
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Individual y total: cada empresa certifica toda su soja como libre de deforestación. Costo adicional: U$S 4,20/tonelada.
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Segmentado: sólo la soja que va a Europa se certifica. Costo: U$S 3,55/tonelada.
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Colectivo (modelo VISEC): todos los exportadores certifican en conjunto. Costo mínimo: U$S 1,28/tonelada.
El docente remarcó que «incluso en el escenario más caro, los costos son marginales frente al valor de exportación«.
¿Qué gana el productor argentino?
El estudio estima que, si el sistema se implementa correctamente, los productores de soja libre de deforestación podrían recibir una prima de hasta U$S 0,75 por tonelada.
Solo considerando los embarques a Europa, eso podría traducirse en más de 5 millones de dólares adicionales al año para el sector.
Martínez Ortiz recordó que el agro argentino ya pasó pruebas similares: «Desde 2008 exportamos biodiesel bajo normas de trazabilidad ambiental, y los productores reciben primas por cumplir con esos estándares«.
Un cambio que ya está en marcha
La tendencia es global. Estados Unidos, China y el Reino Unido analizan medidas similares, y no sólo para la soja: carne, madera y pulpa también estarán bajo la lupa ambiental.
Para los expertos, la clave es anticiparse, fortalecer los sistemas de trazabilidad y mostrar al mundo que el agro argentino puede competir con sustentabilidad y valor agregado.
Como concluye Dal Pont:
«Lejos de ser una barrera, esta normativa puede ser una oportunidad para posicionar a la Argentina como un proveedor confiable y sostenible de alimentos.»