Impulsado por el respaldo electoral del 26 de octubre, el Gobierno de Javier Milei decidió acelerar una de las reformas más ambiciosas y polémicas de su agenda: la transformación del régimen laboral argentino. Con el envío al Congreso de un nuevo paquete legislativo que integra reformas laborales, tributarias y previsionales, el oficialismo busca flexibilizar las condiciones de contratación, reducir la informalidad, que afecta a más del 40% de los trabajadores, y estimular la creación de empleo formal.
El proyecto, enmarcado dentro de la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, retoma varios de los puntos que ya habían sido incluidos en el DNU 70/2023 y en la Ley Bases, aunque ahora con una estrategia política más sólida. Según fuentes oficiales, el objetivo es «modernizar las relaciones laborales, dinamizar el mercado de trabajo y reducir la industria del juicio», especialmente en el segmento de las PyMEs, que cargan con altos costos de contratación.
Entre los principales cambios, la iniciativa propone extender el período de prueba: seis meses para grandes empresas, ocho para medianas y hasta un año para microempresas. También habilita la creación de un Fondo de Cese Laboral, en reemplazo de la indemnización tradicional, con aportes mensuales administrados por terceros, similar al modelo de la UOCRA. Además, las PyMEs podrán pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas, con el fin de aliviar su carga financiera.
Otro de los puntos más controvertidos es la posibilidad de negociar convenios por empresa, lo que permitiría a cada firma pactar condiciones laborales propias con sus trabajadores, por encima del convenio de actividad. A esto se suman el concepto de salario dinámico, vinculado a la productividad, la flexibilización de las vacaciones mediante esquemas fraccionados y el fin de la ultraactividad, lo que obligaría a renegociar convenios vencidos sin prórroga automática.
Desde la CGT y otros gremios, las reacciones fueron inmediatas. Consideran que el proyecto «reedita el espíritu del DNU 70/2023» y representa un retroceso en derechos laborales conquistados. La central obrera advirtió que la descentralización de los convenios podría debilitar la negociación colectiva y fragmentar la representación sindical. También se anticipan movilizaciones y acciones judiciales una vez que el texto ingrese al Congreso.
El oficialismo, por su parte, insiste en que la reforma «no quita derechos, sino que crea oportunidades de empleo genuino» y promete un debate amplio dentro del Consejo de Mayo, donde confluirán representantes del Gobierno, las provincias, empresarios y algunos sectores gremiales. Con el nuevo equilibrio parlamentario tras las elecciones, el Ejecutivo confía en tener los votos para avanzar, aunque el proceso promete ser intenso y con fuerte resistencia política y sindical.
En el trasfondo, la reforma laboral se presenta como una pieza clave del modelo económico libertario, orientado a reducir el peso del Estado, atraer inversiones y dinamizar la economía. Sin embargo, abre también interrogantes sobre el futuro del empleo, la equidad salarial y el rol de los sindicatos en una Argentina que vuelve a debatir, una vez más, hasta dónde puede llegar la flexibilización sin poner en riesgo la protección laboral.