Tras las inundaciones en el centro bonaerense, el Gobierno nacional criticó a Kicillof por la falta de respuesta y anunció un operativo federal para asistir a los productores y vecinos aislados.
El Gobierno nacional anunció este miércoles un operativo de emergencia en las zonas rurales del centro-oeste bonaerense afectadas por las inundaciones que en las últimas semanas cubrieron más de cinco millones de hectáreas.
En una conferencia de prensa conjunta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmaron que se desplegarán máquinas viales, equipos de rescate y personal federal para abrir caminos, asistir a pobladores aislados y garantizar la llegada de ayuda.
La decisión llega tras un fuerte cruce político: los funcionarios responsabilizaron al gobierno de Axel Kicillof por la falta de coordinación en la asistencia.
«Esto es un desorden que tiene que ordenar la Provincia, pero como no lo está haciendo, y los intendentes no tienen jurisdicción, estamos en una situación donde no sabemos quién se hace cargo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a hacer cargo de la emergencia«, afirmó Bullrich.
Según datos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), las lluvias dejaron millones de hectáreas bajo agua, con pérdidas severas en plena campaña de siembra de maíz y soja. Se estima que solo se podrá sembrar el 40% del área prevista o menos, afectando la producción de la región núcleo.
Las precipitaciones acumuladas fueron excepcionales: entre 1200 y 1800 milímetros en los últimos 40 días, el doble de lo habitual. Los distritos más golpeados incluyen Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Las Flores, Bragado, 25 de Mayo y Roque Pérez, entre otros.
El panorama no solo afecta al agro. Caminos rurales destruidos, maquinarias varadas y pueblos aislados agravan una situación que ya se considera «histórica» en la Cuenca del Salado, según la propia ministra.
«Desde 1970 que no había tanta acumulación de lluvias en la zona. Llovió el doble de lo que debía. Pero hay una serie de problemas que no se resuelven: obras hídricas demoradas, falta de mantenimiento y una autoridad del agua que no actúa», advirtió Bullrich.
El Gobierno confirmó que se montará un Centro de Operaciones en la ciudad de 9 de Julio, donde trabajarán en conjunto la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Vialidad Nacional y el Ministerio de Defensa.
Las tareas incluirán limpieza de zanjas y alcantarillas, instalación de puentes provisorios, movimientos de suelo y asistencia con camiones especializados. «Vamos a garantizar el acceso a los pueblos que hoy están aislados», remarcó Adorni.
La ministra Bullrich confirmó que el sábado viajarán los ministros nacionales a supervisar el operativo y coordinar la ayuda con los intendentes locales.
«Tomamos esta decisión porque hay bonaerenses que no pueden llegar a sus casas. Este Estado nacional va a estar del lado de la gente. Si la provincia quiere sumarse, será bienvenida», enfatizó la funcionaria.
Mientras tanto, la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) anunció beneficios fiscales para los productores afectados, que incluyen exenciones y prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural. Los distritos alcanzados son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, Guaminí, Junín, Saladillo, Las Flores, Trenque Lauquen, Tapalqué, entre otros.
El alivio impositivo alcanza a las explotaciones con más del 50% de afectación productiva, e incluye reprogramación de créditos con el Banco Provincia.
Sin embargo, los productores advierten que la ayuda llega tarde y es insuficiente, y reclaman obras estructurales en la Cuenca del Salado, que desde hace décadas sufre problemas de drenaje y falta de mantenimiento.
El conflicto por las inundaciones vuelve a exponer las tensiones entre Nación y Provincia, en un contexto donde la crisis climática golpea de lleno a la producción agrícola.
En el sector agropecuario crece la preocupación por el impacto de las lluvias en la campaña gruesa, clave para el ingreso de divisas en 2026. Los analistas advierten que si el agua no drena pronto, podrían perderse miles de hectáreas de maíz y soja, afectando la recaudación y las exportaciones.
Mientras tanto, el Gobierno nacional busca mostrarse activo y en control de la situación, y la provincia de Buenos Aires insiste en que la emergencia «requiere coordinación y no politización».
Entre acusaciones cruzadas y caminos anegados, el campo bonaerense espera que esta vez el agua baje acompañada de soluciones concretas.