En plena emergencia hídrica, CARBAP calificó de «ilegal e improcedente» la suba del Impuesto Inmobiliario Rural dispuesta por el Gobierno bonaerense y advirtió que la medida agrava la crisis del campo.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su enérgico rechazo al incremento adicional del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) aplicado por la administración provincial de Axel Kicillof. Según la entidad, el Gobierno dispuso -a través del artículo 139 de la Ley Fiscal- un aumento del 25% adicional mediante la duplicación del valor correspondiente a la cuarta cuota, configurando así una «quinta cuota» del tributo.
«Esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva», denunció la confederación que preside Ignacio Kovarsky, remarcando que la decisión se tomó sin respaldo legislativo y en un contexto crítico para la producción agropecuaria.
El reclamo se produce en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con miles de hectáreas anegadas, caminos rurales intransitables y pérdidas significativas para productores y familias del interior bonaerense. «Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia ya lo hizo en 2024, aun cuando veníamos de tres años de sequía, y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse», expresó CARBAP en su comunicado oficial.
Con un tono contundente, el texto difundido por la entidad sostiene: «Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo», reflejando el malestar del sector ante lo que consideran una decisión insensible y fiscalmente asfixiante. Para los dirigentes rurales, en lugar de acompañar a quienes sostienen la producción pese a las adversidades climáticas, el Gobierno «opta por cargar más peso sobre sus espaldas», afectando la rentabilidad y la competitividad del agro bonaerense.
CARBAP solicitó la inmediata marcha atrás de la medida y convocó a los legisladores provinciales a «defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria». Desde la organización recordaron que el sector viene reclamando un esquema impositivo más previsible, que contemple la realidad productiva y las emergencias que atraviesan distintas regiones del país.
La medida generó malestar generalizado entre las entidades agropecuarias, que advierten que el nuevo aumento impactará directamente en los costos productivos y profundizará las dificultades financieras en el interior bonaerense. Analistas del sector señalaron que el incremento del IIR podría desincentivar inversiones y retrasar la recuperación económica de las zonas más afectadas por las lluvias.
Hasta el momento, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no emitió una respuesta oficial al reclamo, aunque fuentes del Ministerio de Economía provincial señalaron que la decisión busca mantener los niveles de recaudación ante la caída de ingresos reales.
El conflicto vuelve a tensar la relación entre el campo y la administración bonaerense. En un escenario donde la emergencia climática y la presión fiscal se cruzan, CARBAP advierte que el sector rural «ya no puede seguir soportando decisiones que castigan a la producción en lugar de acompañarla».