Tras la renovación de autoridades en tres entidades rurales, la dirigencia del agro avanza hacia un modelo de mayor articulación política, buscando incidir en decisiones clave sin romper el vínculo con el Gobierno.
La renovación casi simultánea en tres de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace abrió un nuevo capítulo para la dirigencia del agro. Andrea Sarnari revalidó su mandato en Federación Agraria Argentina (FAA), mientras que Carlos Castagnani en CRA y Lucas Magnano en Coninagro hicieron lo propio esta semana. Junto con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), conforman una cúpula que hereda la historia del conflicto de 2008, pero que ahora transita una etapa distinta: la construcción de alianzas estables con el Gobierno, incluso en un contexto de tensiones.
Desde que asumió Javier Milei, la relación entre las entidades y la Casa Rosada mostró una sintonía inédita en comparación con otros ciclos políticos. Aun así, no faltaron roces: el intento inicial de subir las retenciones en diciembre de 2023, la rebaja temporal que luego derivó en una suspensión fugaz, o el aprovechamiento de esa ventana para generar más de US$7000 millones en plena crisis cambiaria. A pesar de estos episodios, el Gobierno compensó con simplificación de trámites, desburocratización, alivio parcial de la presión impositiva y la reactivación de espacios formales de diálogo.
Sin embargo, puertas adentro del sector se repite una preocupación: todavía no existe una hoja de ruta concreta para la eliminación de las retenciones, una demanda que los productores expresan a diario en redes sociales y que las entidades trasladan al Ejecutivo. «El tema son los tiempos», reconocen dentro de la conducción rural. Para el Gobierno, es una variable fiscal; para los productores, una cuestión de supervivencia.
Lo que está claro es que el clima interno de trabajo cambió. Dirigentes con conocimiento de la dinámica gremial coinciden en que, con la administración actual, los reclamos se canalizan con mayor fluidez, incluso si no siempre se obtiene el resultado buscado. Esta semana se reactivó el Consejo Consultivo del Senasa, un espacio clave para abordar cuestiones sanitarias con todas las voces del sector.
Pero el diálogo no evita las diferencias. El Gobierno avanzó contra la postura de productores patagónicos al flexibilizar la barrera sanitaria; aceleró la implementación de la identificación electrónica del ganado, pese a pedidos de gradualidad; y no retrocedió ante los cuestionamientos por la última reforma fallida del INTA. En paralelo, la crítica situación por las inundaciones en el centro-oeste bonaerense, vigente desde marzo, recién encontró respuesta oficial hace unos días. Y a esto se sumó la decisión del gobierno bonaerense de aplicar un 25% adicional en el Inmobiliario Rural, lo que motivó una reacción inmediata de Carbap.
En este escenario, algunas entidades adoptaron estrategias claras. CRA reforzó un despliegue territorial histórico, con dirigentes que recorren exposiciones en todo el país, acompañan a federaciones provinciales y mantienen contacto directo con productores. Solo este año visitaron más de 50 exposiciones, un número que refleja la búsqueda de legitimidad social y representación real en cada región.
Quienes siguen de cerca la interna de la Mesa de Enlace sostienen que hoy predomina un discurso que apunta a ofrecer al Gobierno un «modelo de desarrollo» compartido, más que limitarse al reclamo. La apuesta es mostrarse como actores con propuestas y dispuestos a participar de la agenda legislativa que viene. No es un detalle menor: el recambio del Congreso alimenta expectativas sobre la posibilidad de discutir reformas estructurales en materia impositiva y laboral, donde el campo quiere tener voz.
En definitiva, la dirigencia rural atraviesa un proceso de redefinición. Sin abandonar la defensa férrea de los intereses productivos, busca un rol más estratégico, con mayor influencia política, más presencia territorial y capacidad de construir alianzas estables. Queda por verse hasta dónde el Gobierno convertirá ese diálogo en acciones concretas y si el sector podrá incidir en una agenda que, por ahora, mantiene abiertas más preguntas que respuestas.