Con más de dos millones de hectáreas bajo agua y un impacto productivo sin precedentes, CARBAP exige responsabilidad a los tres niveles del Estado y fija un límite innegociable: el Plan del Salado debe estar terminado en 2030.
La situación hídrica en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires volvió a mostrar la crudeza que el sector rural viene denunciando desde hace años. Después de nueve meses consecutivos de inundaciones, anegamientos y caminos intransitables, una extensa región productiva atraviesa la emergencia más profunda desde las grandes lluvias del período 2000-2002. Lo que empezó como un exceso de precipitaciones terminó convirtiéndose en un problema estructural que dejó expuestos los incumplimientos de todos los niveles del Estado.
De acuerdo con la información presentada por CARBAP, basada en imágenes satelitales analizadas entre el 11 y el 13 de noviembre, la cuenca del río Salado -de 17 millones de hectáreas- registra unas 2.000.000 hectáreas inundadas o anegadas, a las que se suman 3.800.000 hectáreas afectadas. Estas últimas, aunque no presenten agua visible, carecen de piso, accesibilidad o condiciones mínimas para cualquier tarea agrícola, lo que en la práctica las deja fuera de la producción en plena ventana de siembra.
El diagnóstico es contundente: más de 1,5 millones de hectáreas agrícolas corren riesgo de quedar improductivas este año. Bajo una rotación promedio del 60% soja y 40% maíz, están en juego más de 2.000 millones de dólares que no ingresarían a la economía regional durante 2026. El impacto no solo alcanzaría a productores y contratistas, sino también a toda la cadena de pagos que sostiene a los pueblos del interior bonaerense: transportistas, talleres, comercios, proveedores, cooperativas y pymes.
En ese marco, CARBAP plantea un reclamo claro y transversal: intendentes, Provincia y Nación tienen responsabilidad directa en la crisis. Los municipios, por el deterioro crónico de los caminos rurales pese a recaudar tasas específicas; la Provincia, por no completar las obras del Plan Maestro del Río Salado -que deberían estar finalizadas desde hace una década-; y el Gobierno nacional, por no destinar fondos del Fondo Hídrico de Infraestructura a obras estructurales cuya ejecución está prevista por ley.
La entidad rural afirma que la falta de infraestructura hidráulica no es un problema técnico ni financiero, sino político. «La capacidad existe; lo que falta es decisión«, remarcan. Y responden con firmeza a la idea de que «no hay plata»: los recursos están, se generan todos los años en esta misma cuenca y los recauda el Estado nacional, provincial y municipal.
Por eso, CARBAP decide fijar un límite concreto y no negociable:
para el año 2030, las obras del Plan del Salado deben estar terminadas en su totalidad.
No se trata de una propuesta aspiracional -sostienen- sino de una obligación moral, productiva y social, porque en juego están millones de hectáreas productivas, miles de familias rurales y el futuro económico de gran parte del interior bonaerense. Canales, puentes, alteos y mejoras hidráulicas que la provincia necesita desde hace décadas y que hoy vuelven a demostrar su urgencia.
La advertencia final es tan sintética como contundente:
«Las inundaciones no esperan. La producción no espera. El interior productivo tampoco puede seguir esperando.»
Documento oficial CARBAP – Inundaciones Noviembre 2025