El Gobierno activó el Plan Paraná para combatir el crimen organizado en la hidrovía, con apoyo de la DEA y nuevas tecnologías de control.
La hidrovía Paraná-Paraguay concentra más del 80% de las exportaciones argentinas y es hoy uno de los corredores logísticos más sensibles del país. Con más de 300 barcazas diarias y un movimiento constante de buques granarios, su complejidad operativa la vuelve un punto estratégico para el comercio… y para el delito. En ese escenario, la ministra Patricia Bullrich presentó el Plan Paraná, una estrategia integral para reforzar el control y desarticular organizaciones criminales que operan en la zona.
La resolución oficial establece una cooperación inédita con organismos internacionales como la DEA, la Unión Europea (EUDA), ONUDD y CICAD-OEA, además de fuerzas locales. El objetivo es frenar el avance de redes vinculadas al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el lavado de activos, delitos que encontraron en la extensa geografía de la hidrovía y en la multiplicidad de puertos un escenario ideal para expandirse.
El Gobierno sostiene que la situación se agravó en 2025, especialmente tras el hallazgo de 500 kilos de droga en un buque cerealero en San Lorenzo, el decomiso fluvial más grande del año. Para enfrentar este tipo de operaciones, el plan impulsa la incorporación de radares, drones, cámaras térmicas, escáneres de contenedores y sistemas de monitoreo en tiempo real, herramientas que buscan suplir las limitaciones de los controles tradicionales y mejorar la capacidad de detección temprana.
El operativo prevé un refuerzo territorial en dos zonas clave: la frontera fluvial norte –Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones-, donde se concentrarán acciones contra redes de contrabando; y el tramo inferior –Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires-, donde se incrementarán los controles en puertos públicos y privados. Paralelamente, se intensificarán las tareas de inteligencia criminal y financiera para atacar las estructuras económicas que sostienen al crimen organizado.
La apuesta oficial apunta a blindar el corredor y garantizar previsibilidad para el sector agroexportador, que depende de una hidrovía segura para mantener su competitividad internacional. En un contexto global de mayor demanda de alimentos y crecientes exigencias regulatorias, el control del principal canal de salida del comercio argentino se volvió un asunto tan estratégico como la propia producción. Si el plan logra consolidarse, podría marcar un punto de quiebre en la disputa por la seguridad en la vía navegable más importante del país.