Fuerte reclamo rural en medio del agua: productores apuntan contra la nueva Ley Fiscal bonaerense
En pleno escenario de inundaciones que golpean a la provincia de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina (SRA) salió a cuestionar con firmeza el proyecto de Ley Fiscal que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura. La entidad advirtió que los cambios propuestos en el Impuesto Inmobiliario Rural generan incertidumbre, complican la planificación y delegan facultades clave al Poder Ejecutivo.
“Manifestamos nuestra preocupación frente al proyecto de Ley Fiscal y reclamamos que sean los legisladores quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural”, señaló la SRA en un comunicado difundido este lunes.
Según la entidad, el artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta clara para el revalúo, excluyendo instancias de consulta con instituciones locales y la comunidad productiva. A esto se suma el artículo 167, que permitiría modificar cuotas no vencidas dentro del mismo ejercicio fiscal, algo que —afirman— afecta directamente la capacidad de planificación del sector.
La organización también criticó que el esquema de bonificaciones quede sujeto a definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley, lo que —sostienen— crea un “escenario de inseguridad normativa”. Por ello, instaron a los legisladores provinciales a asumir su rol constitucional y evitar delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo.
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El reclamo llega en un contexto crítico: miles de hectáreas permanecen bajo agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario. “El gobierno debería estar enfocándose en obras de infraestructura para mitigar eventos climáticos y en aliviar la carga impositiva, no en generar más presión”, remarcaron desde la SRA.
CARBAP se sumó a las críticas y apuntó contra el incremento adicional del 25% en el Impuesto Inmobiliario Rural —conocido como la ‘quinta cuota’— aplicado mediante el artículo 139 de la Ley Fiscal. La entidad tildó la medida de “ilegal e improcedente” al haberse implementado sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva.
No es el único frente abierto para el gobierno de Kicillof. Días atrás, las cámaras empresariales bonaerenses reclamaron la actualización de la base no imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. ADIBA, CEPBA, FEBA y UIPBA advirtieron que la falta de actualización en los últimos dos años hizo que numerosas pymes, antes exentas, comenzaran a tributar pese a que sus ingresos no crecieron —e incluso cayeron— en términos reales.
Según estimaron, la base no imponible debería elevarse a un mínimo de $4.600 millones para equiparar las condiciones vigentes en 2023 y evitar que la presión tributaria siga aumentando sobre el entramado productivo provincial.