La Unión Europea volvió a postergar la puesta en marcha de su normativa antideforestación, que afecta a las exportaciones argentinas de carne y soja.
El Parlamento Europeo decidió este 26 de noviembre postergar nuevamente la entrada en vigencia de la normativa antideforestación, que regula el ingreso de materias primas como carne vacuna y soja al mercado comunitario. La medida, aprobada con 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, otorga un año adicional para que los operadores globales puedan adaptarse a las exigencias de trazabilidad y diligencia debida. En concreto, los grandes operadores deberán cumplir con la legislación desde el 30 de diciembre de 2026, mientras que las empresas más pequeñas -menos de cincuenta empleados y una facturación menor a diez millones de euros- tendrán tiempo hasta el 30 de junio de 2027.
El Parlamento justificó la prórroga señalando la necesidad de una «adaptación fluida» y de reforzar el sistema informático sobre el que deben cargarse las declaraciones electrónicas. No es un detalle menor: hace apenas un mes, la Comisión Europea admitió que el volumen de operaciones previsto es «mucho mayor de lo esperado», lo que amenazaba con desbordar la plataforma diseñada para procesar los datos. Para los eurodiputados, la solución pasaba por simplificar procedimientos y concentrar la responsabilidad: la obligación de presentar la declaración de diligencia debida recaerá ahora sobre la empresa que introduce por primera vez el producto en el mercado comunitario, y no sobre todos los actores posteriores de la cadena. Además, las compañías más chicas solo deberán presentar una declaración simplificada, un cambio que busca reducir la carga administrativa.
Para Argentina, la decisión ofrece un respiro temporal pero no altera el problema de fondo. Nuestro país continúa clasificado como «riesgo estándar» de deforestación, una categoría que obliga a cumplir requisitos más estrictos que los aplicados a las jurisdicciones consideradas de bajo riesgo. Esto significa que cada embarque de carne o soja deberá demostrar que proviene de explotaciones que no hayan sido deforestadas desde 2020, un desafío mayúsculo en un país con fuerte sojización, diversidad de sistemas productivos y registros territoriales que no siempre dialogan entre sí. Entidades del agro ya habían criticado la normativa, no solo por el costo de cumplimiento sino por la posibilidad de perder competitividad frente a otros exportadores del Mercosur, especialmente Brasil, que si bien enfrenta cuestionamientos por deforestación en la Amazonia y el Cerrado, trabaja desde hace años en sistemas de trazabilidad más extendidos.
La puja no es menor: en un contexto donde Argentina lidia con retenciones, brecha cambiaria, presión impositiva y problemas logísticos, cualquier nueva exigencia ambiental se siente como un golpe más a los márgenes exportadores. Aun así, la tendencia global está clara: los grandes compradores buscan reforzar estándares de sustentabilidad y controlar la huella ambiental de los alimentos que ingresan a sus mercados. La normativa europea avanza en esa dirección y el país deberá acelerar su propio ordenamiento si no quiere quedar rezagado frente a competidores regionales o ante proveedores extrarregionales con certificaciones más consolidadas.
Ahora el Parlamento Europeo deberá negociar con los Estados miembro para definir el texto final de la ley, que deberá aprobarse antes de que termine 2025 y publicarse en el Diario Oficial de la UE. Solo entonces comenzará a correr el año adicional para la entrada en vigencia. Para Argentina, la ventana hasta 2026 aparece como una oportunidad para robustecer sistemas de trazabilidad, coordinar políticas entre Nación y provincias y avanzar en estrategias de agregado de valor que permitan competir no solo por precio, sino también por sustentabilidad. La señal de Bruselas es firme: habrá mercado para la carne y la soja argentinas, pero bajo reglas ambientales cada vez más exigentes. El desafío es adaptarse sin perder terreno.