El Gobierno busca recortar hasta 1700 empleados y evaluar el cierre de agencias experimentales del INTA. El plan genera fuerte resistencia gremial y dudas sobre el funcionamiento futuro del organismo.
El Gobierno decidió acelerar su proceso de «transformación del INTA», aun después de los frenos judiciales y legislativos que complicaron la primera etapa del plan. Según altas fuentes oficiales, la Casa Rosada trabaja en un recorte que podría alcanzar los 1700 empleados, a través de retiros voluntarios, dentro de una estructura que hoy suma 5822 trabajadores. La intención, aseguran, es «alinear al instituto a los estándares de eficiencia del Estado» y actualizar un organismo que, en palabras oficiales, «funciona con una estructura pensada hace medio siglo».
El rediseño contempla también la revisión de centros de investigación, incluidos algunos que podrían cerrar por «no justificar su infraestructura» o por no mostrar resultados acordes a las necesidades actuales del sector. Desde el Gobierno remarcan que «no se trata solo de una agenda de cierre», sino de adaptarse a las tecnologías que hoy exige el agro, aunque la apertura formal de retiros aún «no está confirmada».
Mientras tanto, los gremios advierten que la reducción previa ya puso al organismo en una situación delicada. Desde Apinta, el gremio mayoritario, señalan que la planta se achicó un 17% desde el cambio de gobierno, superando incluso el porcentaje que pedía el Ejecutivo. «No es factible otro proceso de retiro voluntario, el INTA estaría en riesgo de funcionamiento», alertó Mario Romero, su secretario general. ATE también denunció un vaciamiento, criticando el ingreso de «gente de afuera sin concursos» para ocupar cargos jerárquicos.
Uno de los focos más tensos está en la Estación Experimental del AMBA, en Castelar, donde el Gobierno evaluó avanzar con un cierre que hoy está frenado por un amparo judicial. Allí permanecen alrededor de 30 trabajadores que serían reubicados en otros institutos del predio. Otro tema ríspido es la posible venta de tierras del INTA, que logró un freno por parte de consejeros del interior, reacios a desprenderse de activos que consideran estratégicos.
En paralelo, el nuevo Consejo Directivo -con fuerte representación del agro- arrancó una agenda de revisión interna, aunque sin resoluciones concretas. La principal novedad organizativa es la distribución de consejeros en macrorregiones, un esquema que busca mejorar el vínculo con el interior y reducir la «desconexión» en la toma de decisiones.
Aunque está previsto un 30% de aumento presupuestario para 2026, desde los gremios sostienen que será insuficiente para sostener el funcionamiento del organismo en medio de esta reestructuración. «Van a tener que ampliarlo si quieren un INTA funcionando», advirtió Romero.
El futuro del INTA, pieza esencial de la innovación tecnológica del agro argentino, queda así atravesado por una puja entre el achique estatal, las exigencias productivas, la autonomía técnica y las tensiones con los trabajadores. El final de esa pulseada definirá qué tipo de institucionalidad científica acompañará al campo argentino en los próximos años.