La industria aceitera rechazó un paro de 24 horas convocado por la federación sindical para sumarse a la marcha de la CGT contra la reforma laboral y advirtió por el fuerte impacto económico en plena cosecha y con embarques programados.
La industria aceitera entró en estado de alerta luego de que la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara) anunciara un paro de 24 horas para este jueves, con el objetivo de permitir que los trabajadores participen de la movilización de la CGT a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La medida cayó como una sorpresa en el sector exportador, que la calificó como injustificada y de motivación política, y anticipó que descontará el día no trabajado.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) cuestionaron duramente la decisión sindical, al señalar que se da en el marco de una negociación paritaria cerrada, que había garantizado paz social hasta mediados de 2026. «No hay un solo reclamo gremial pendiente. No existen razones objetivas para decretar el paro«, expresaron desde la entidad, y advirtieron que se avanzará con todas las medidas que establece la ley.
El conflicto llega en un momento particularmente sensible para el sector: plena cosecha de trigo, con alto movimiento de camiones hacia los puertos y embarques ya comprometidos, lo que convierte a la medida en un factor de alto impacto sobre el comercio exterior. Según explicó el presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, el paro será declarado ilegal y tendrá consecuencias directas sobre los salarios. «Se descontará el día no trabajado y los premios por presentismo mensual«, afirmó.
Idígoras subrayó además que el freno de la actividad no solo afecta a la industria aceitera, sino que genera un efecto dominó sobre toda la cadena agroexportadora. «Perjudica a miles de transportistas con turnos en puerto, a acopios, cooperativas y productores que no pueden entregar ni cobrar sus granos, y también expone a las empresas a multas por demoras en la carga de los buques«, detalló. Desde Ciara estiman que cada día sin actividad forzada genera pérdidas superiores a los 100 millones de dólares para el conjunto del sistema.
Del lado sindical, la federación justificó la medida en un comunicado donde afirmó que el Gobierno busca «fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajan». Según el gremio, el proyecto de reforma laboral implica un ataque directo a los derechos adquiridos, comenzando por la negociación colectiva, con el objetivo de reemplazar los convenios por actividad por convenios por empresa, fragmentando la representación sindical y poniendo fin a la ultraactividad de los convenios.
También denunciaron un intento de limitar el derecho de huelga, al ampliar las categorías de servicios esenciales o de importancia trascendental, lo que obligaría a garantizar niveles mínimos de actividad del 50% al 75%, algo que consideran una prohibición de facto del conflicto sindical. A esto sumaron críticas a la creación de un fondo de asistencia laboral, la reducción de contribuciones patronales, y cambios que -según advirtieron- desfinanciarían el sistema previsional y facilitarían los despidos con menores indemnizaciones.
El gremio apuntó además contra modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, como la implementación del «banco de horas», que permitiría jornadas de hasta 12 horas diarias sin pago de horas extras, lo que definieron como un mecanismo de disciplinamiento laboral. «Cada uno de los artículos del proyecto apunta a quitarnos derechos y a impedir la organización y la protesta», sostuvieron.
Mientras tanto, desde la industria advierten que el paro profundiza la incertidumbre en uno de los complejos exportadores clave del país, en un contexto donde el agro ya enfrenta retenciones, costos logísticos elevados y pérdida de competitividad. Con los puertos operando al límite por la campaña triguera, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente para el sector: el costo económico de las disputas políticas trasladadas al corazón de la cadena agroindustrial argentina.