El mercado inmobiliario rural sigue sin despegar, pero se mantiene firme a la espera de reformas impositivas, cambios laborales y un posible blanqueo que podría reactivar inversiones en el corto y mediano plazo.
El mercado inmobiliario rural argentino atraviesa una etapa de estabilidad contenida, marcada más por la expectativa que por un repunte concreto de las operaciones. Así lo muestra el último Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), que en noviembre se ubicó en 50,57 puntos, prácticamente sin cambios respecto de los meses previos.
El dato confirma una meseta en la actividad, incluso después de los anuncios vinculados al agro y al debate por las retenciones que atravesaron buena parte de 2025. Desde el sector destacan que el mercado «se mantiene expectante ante la perspectiva de cambios favorables en la legislación impositiva y laboral«, aunque reconocen que en el último período se observó una retracción en la oferta de nuevos campos.
El contraste con el arranque de la actual gestión es marcado. Tras tocar mínimos cercanos a los 20 puntos en diciembre de 2023, niveles incluso inferiores a los registrados durante la pandemia, la actividad inmobiliaria rural mostró un fuerte rebote durante 2024. El punto más alto se alcanzó en noviembre de ese año, cuando el índice rozó los 70 puntos, impulsado por el cambio de expectativas tras la llegada de Javier Milei al Gobierno. Sin embargo, ese envión inicial dio paso a un escenario más cauteloso, donde predominan las consultas pero se dilatan las decisiones de compra y venta.
Según el informe de la CAIR, los niveles de consultas y revisaciones se mantuvieron estables respecto del mes anterior, lo que refuerza la idea de un mercado que no se enfría, pero que tampoco logra tomar velocidad. Cabe recordar que el InCAIR no mide precios de la tierra, sino que releva avisos, operaciones concretadas y la percepción de los operadores del sector en todo el país.
En este contexto, uno de los factores que concentra mayor atención es el próximo capítulo del blanqueo de capitales. A partir del 1° de enero de 2026, los fondos depositados en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) quedarán liberados, lo que podría poner en circulación entre u$s20.000 y u$s24.000 millones. Si bien no se espera un impacto inmediato ni un salto abrupto en los valores, distintos analistas coinciden en que una porción de ese capital podría canalizarse hacia el mercado inmobiliario, incluido el segmento rural.
La clave, advierten, no está en un «boom» automático, sino en un cambio cualitativo: más operaciones, mayor previsibilidad fiscal y decisiones patrimoniales de largo plazo. En ese escenario, el ladrillo rural vuelve a posicionarse como refugio frente a la volatilidad financiera y la presión tributaria sobre otros activos.
Así, el mercado inmobiliario rural se mueve en un equilibrio frágil. No repunta, pero resiste. Y mientras las reformas sigan en discusión, el sector parece dispuesto a esperar, con la mirada puesta en un 2026 que podría marcar un punto de inflexión para la inversión en tierras en la Argentina.