Desde el espacio de La Libertad Avanza confirmaron en las últimas horas que el Municipio de Saladillo recibió de Nación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la suma de 53.018.840 pesos para hacer frente a los daños causados por las inundaciones.
La emergencia agropecuaria volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública, tras confirmarse el giro de más de 1046 millones de pesos a municipios bonaerenses que atravesaron severas inundaciones a lo largo del año.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 250/2025 y forma parte de una serie de acciones orientadas a sostener a las comunidades rurales afectadas por eventos climáticos extremos.
Los Aportes No Reintegrables alcanzan a varios distritos bonaerenses, todos ellos con amplias zonas productivas comprometidas por anegamientos prolongados, caminos rurales intransitables y pérdidas en cultivos y ganadería.
La transferencia se realizó en el marco de la Ley Nacional N°26.509, que establece el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
A través de esta normativa, se activó el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), herramienta clave para asistir a provincias y municipios cuando los fenómenos climáticos superan la capacidad de respuesta local.
Según se informó oficialmente, los recursos tienen como objetivo principal acompañar la recuperación productiva y atender necesidades urgentes vinculadas a la infraestructura rural, el sostenimiento de la actividad agropecuaria y el impacto social que generan este tipo de contingencias.
En muchos casos, las inundaciones no sólo afectaron la producción, sino también la conectividad, el acceso a servicios básicos y la logística para sacar la producción de los campos.
Durante 2025, amplias regiones del interior bonaerense registraron lluvias intensas y acumulados muy por encima de los promedios históricos (Saladillo suma más de 1500 mm).
La persistencia del agua en los lotes provocó pérdidas económicas significativas y encendió alertas tempranas en gobiernos locales, entidades rurales y organismos técnicos, que coincidieron en la necesidad de una respuesta coordinada.
Desde los municipios alcanzados por la medida destacaron la importancia de estos fondos para sostener a los productores y planificar obras que permitan reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos climáticos.
Al mismo tiempo, remarcaron que la emergencia agropecuaria no se limita a un problema coyuntural, sino que expone desafíos estructurales vinculados al manejo del agua y la infraestructura rural.
El giro de estos recursos se inscribe en un contexto de mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, donde la articulación entre Nación, provincias y municipios resulta clave para mitigar daños, acelerar la recuperación y dar previsibilidad a las economías regionales.