El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea obliga a la Argentina a fijar un cronograma de baja de retenciones. No es el fin inmediato del impuesto, pero sí un límite concreto que vuelve a poner a la soja y a la competitividad del agro en el centro del debate.
Durante años, las retenciones funcionaron como una herramienta fiscal tan central como imprevisible para el agro argentino. Ningún gobierno logró -o quiso- ponerles un horizonte claro. Ahora, de manera casi paradójica, ese ordenamiento llega desde afuera: el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea fuerza a la Argentina a comprometerse con una reducción progresiva de los derechos de exportación hacia el mercado europeo.
La letra chica del entendimiento, que ya fue analizada por la Sociedad Rural Argentina y el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales, es contundente: a partir del tercer año de vigencia del acuerdo, la Argentina no podrá aplicar retenciones a los productos exportados a la UE, con excepciones puntuales. Y entre esas excepciones aparece, una vez más, la soja.
El complejo sojero -principal generador de divisas y responsable de cerca del 75% de la recaudación por derechos de exportación- tendrá un tratamiento diferencial. El esquema prevé que desde el quinto año el tope máximo de retenciones sea del 18%, y que a partir del séptimo comience una reducción lineal hasta llegar al 14% en el décimo año. No es la eliminación total que reclama el sector, pero sí un cambio estructural: el Estado ya no podrá subir las alícuotas de manera discrecional para ese comercio.
En números concretos, el impacto no es menor. Con una soja que ronda los 500 dólares por tonelada, cada punto menos de retención equivale a unos 5 dólares adicionales para el productor. Pasar del actual 24% al 18% implicaría unos 30 dólares más por tonelada, y llegar al 14% mejoraría el ingreso en cerca de 50 dólares, un alivio clave en un escenario de costos altos, márgenes ajustados y persistente brecha cambiaria.
Hasta ahora, el gobierno de Javier Milei venía administrando la baja de retenciones con lógica fiscal: reducciones graduales, sin cronograma fijo y atadas al equilibrio de las cuentas públicas. De hecho, la soja ya bajó del 33% al 24%, pero siempre bajo control del Ejecutivo, incluso frenando debates legislativos que buscaban acelerar el proceso. El acuerdo con Europa cambia esa dinámica: impone plazos y disciplina, algo inédito para un impuesto históricamente usado como válvula de ajuste.
El texto, sin embargo, deja una puerta abierta. En caso de «circunstancias excepcionales de serio desbalance fiscal», la Argentina podría restablecer retenciones de manera temporaria y bajo condiciones estrictas. En un país donde la emergencia suele ser regla más que excepción, esa cláusula genera cautela en el sector productivo, que ya aprendió a leer entre líneas.
En clave regional, el acuerdo también expone una vieja comparación incómoda. Mientras Brasil, Uruguay o Paraguay exportan sin retenciones y con reglas más estables, la Argentina sigue debatiendo impuestos que restan competitividad. En ese sentido, el entendimiento con la UE puede funcionar como un ancla externa para ordenar la política agroexportadora y recuperar previsibilidad en mercados de alto valor.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea no resuelve todos los problemas del agro argentino, pero pone límites concretos a una de las principales distorsiones del sistema. La oportunidad está planteada. Como tantas otras veces, la diferencia no la hará el texto firmado, sino la decisión -o no- de cumplirlo.