Robos masivos de ganado, demoras judiciales y bandas organizadas ponen en jaque a la ganadería correntina. Productores reclaman acción inmediata.
La ganadería correntina, una de las principales actividades productivas de la provincia con un rodeo cercano a las 5 millones de cabezas, atraviesa una situación crítica por el avance del abigeato a gran escala. En el este provincial, especialmente en La Cruz, Alvear, Santo Tomé, Paso de los Libres y San Martín, los productores aseguran que el delito dejó de ser aislado para transformarse en una operatoria sistemática, con logística, comunicaciones, documentación adulterada y un nivel de organización que alimenta una fuerte sensación de impunidad.
La preocupación creciente derivó en una reunión urgente entre dirigentes rurales, autoridades policiales, intendentes y el gobernador Juan Pablo Valdés, donde se expuso con crudeza la magnitud del problema. Según relatan los productores, en los últimos meses se multiplicaron los robos de hacienda, la faena clandestina y el traslado ilegal de animales, muchas veces con guías que no coinciden con la carga real. En algunos procedimientos, donde la documentación indicaba quince animales, los camiones transportaban veinte o más.
Las características productivas de la zona explican parte del fenómeno, pero no lo justifican. Se trata de campos de cría extensivos, con malezales, zonas bajas y áreas cercanas a ríos y esteros, donde el control cotidiano del rodeo es limitado y se concentra en momentos puntuales como las vacunaciones. En ese contexto, la llamada «recoluta» -el recuento de animales- históricamente permitía resolver errores entre vecinos. Hoy, denuncian los productores, esos «errores» se transformaron en faltantes permanentes.
A esta fragilidad estructural se sumó el impacto de los incendios rurales de 2022, que destruyeron kilómetros de alambrados aún no repuestos. La falta de cerramientos, los altos costos y la dificultad para ingresar con maquinaria dejaron el terreno fértil para maniobras delictivas. En algunos establecimientos, los faltantes acumulados desde entonces oscilan entre 300 y 800 animales, y en la región se estima que el número total podría superar las 1.500 cabezas.
Los productores sostienen que detrás de estos hechos hay bandas organizadas, que alquilan campos linderos, aprovechan la movilidad natural de la hacienda y utilizan guías legales con inconsistencias. Una de las modalidades más denunciadas es la reutilización de guías dentro de su período de validez, especialmente en envíos a frigoríficos, lo que permitiría justificar varios movimientos ilegales a partir de una sola operación formal. La falta de informatización integral y baja automática de guías aparece como una de las principales debilidades del sistema de control.
El malestar del sector se profundiza por las demoras judiciales. En investigaciones recientes, los pedidos de allanamiento habrían tardado entre 30 y 40 horas, un tiempo que, en este tipo de delitos, resulta decisivo. «Si el allanamiento no sale rápido, la hacienda se mueve y se pierde el rastro», repiten los productores. En algunos casos, de cinco allanamientos solicitados, solo se autorizaron dos, y no en los puntos considerados clave dentro de la operatoria.
Mientras tanto, la Policía Rural es reconocida por su conocimiento del territorio y su predisposición, pero enfrenta limitaciones graves. Los productores denuncian falta de conectividad, móviles en mal estado y caminos rurales deteriorados que dificultan patrullajes y controles. La comparación es directa y dolorosa: delincuentes con drones y comunicaciones satelitales frente a fuerzas que muchas veces no tienen señal ni infraestructura básica.
El problema, advierten, ya no es solo económico. En zonas cercanas al río Uruguay, productores aseguran que existen bandas que cruzan desde Brasil, en algunos casos armadas, para robar o faenar animales. Esa situación habría provocado que unas 35.000 hectáreas quedaran fuera de producción, por temor a ataques y represalias. Para muchos pequeños y medianos ganaderos, perder diez o quince vacas implica años de trabajo, y en algunos casos pone en riesgo la continuidad misma de la actividad.
Tras el encuentro con el gobierno provincial, los ruralistas valoraron el compromiso de reforzar operativos, sumar patrullajes y avanzar en tecnología, pero dejaron en claro que el desafío es más profundo. Sin respuestas judiciales rápidas, controles modernos y una estrategia integral de seguridad rural, el abigeato seguirá ganando terreno. El mensaje del campo correntino es contundente: la impunidad no puede seguir marcando la cancha.