Bogotá suspendió las exportaciones de energía y aplicará aranceles del 30% a productos ecuatorianos, en respuesta a medidas de Quito y en medio de cruces por comercio, seguridad y narcotráfico.
El Gobierno de Colombia anunció la suspensión de las ventas de electricidad a Ecuador y la aplicación de un arancel del 30 % a la importación de 20 productos ecuatorianos, en un nuevo capítulo de una disputa bilateral que combina tensiones comerciales, energéticas y de seguridad.
La decisión se conoció un día después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, confirmara que su gobierno impondrá desde el 1 de febrero una «tasa de seguridad» del 30 % a productos colombianos, alegando un déficit comercial y una insuficiente cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Desde Bogotá, las autoridades rechazaron esas acusaciones y calificaron la medida ecuatoriana como una alteración unilateral de las reglas del comercio bilateral. El Ministerio de Comercio colombiano explicó que el arancel del 30 % es «proporcional, transitorio y revisable», y tiene como objetivo restablecer el equilibrio del intercambio sin cerrar la puerta al diálogo diplomático.
En paralelo, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, una medida que, según el Gobierno, responde a criterios técnicos y preventivos. La cartera energética sostuvo que la decisión busca garantizar el abastecimiento interno, en un contexto de variabilidad climática y alertas ante un posible nuevo episodio del Fenómeno de El Niño, que podría presionar al sistema eléctrico nacional.
Colombia es un proveedor clave de energía eléctrica para Ecuador, lo que otorga a la medida un peso estratégico adicional. Aunque desde Quito se había señalado que la tasa de seguridad contemplaba excepciones para la electricidad y los servicios logísticos del petróleo, la suspensión anunciada por Bogotá tensó aún más la relación bilateral.
Tras el anuncio colombiano, la ministra de Energía de Ecuador advirtió que el crudo colombiano transportado por el oleoducto OCP, el segundo más importante del país, recibirá un trato de reciprocidad similar al aplicado en el caso de la electricidad, aunque sin precisar cómo se instrumentará esa respuesta.
Los datos oficiales reflejan la magnitud del vínculo comercial en disputa. Ecuador registró un déficit comercial de US$838 millones con Colombia en los primeros diez meses del último año, mientras que las exportaciones colombianas al mercado ecuatoriano alcanzaron los US$1.670 millones en los primeros once meses, equivalentes al 3,6 % del total exportado por Colombia.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, defendió la actuación de su país en materia de seguridad y aseguró que la cooperación con las fuerzas armadas ecuatorianas es estrecha, destacando incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína en la frontera común. Además, manifestó la disposición de su gobierno a ampliar el trabajo conjunto, incluso frente al tráfico de fentanilo.
La escalada ocurre en un contexto regional marcado por presiones externas en materia de narcotráfico, especialmente desde Estados Unidos. Mientras Donald Trump ha endurecido su discurso hacia Colombia y México por el flujo de drogas, las tensiones entre Bogotá y Quito revelan cómo las agendas de seguridad y comercio comienzan a entrelazarse en América Latina.
Por ahora, Colombia insistió en que tanto la suspensión energética como los aranceles no buscan una ruptura definitiva, sino corregir desequilibrios y preservar su seguridad energética y productiva, dejando abierta la posibilidad de revertir las medidas si se restablecen condiciones de confianza y reglas compartidas.