Con nuevos parámetros técnicos, el Estado busca frenar la pesca ilegal, fortalecer la soberanía y dar respaldo jurídico a los controles en la milla 200.
El Gobierno nacional endureció el control sobre la pesca ilegal en el mar argentino al establecer criterios técnicos objetivos para identificar buques extranjeros que operen dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida se formalizó el 4 de febrero de 2026, mediante la disposición 20/2026 publicada en el Boletín Oficial, y apunta a eliminar las denominadas «zonas grises» que permitían simular tránsito inocente, un reclamo histórico del sector pesquero nacional.
La normativa, impulsada por la administración de Javier Milei, define parámetros claros de velocidad, tiempo y patrones de navegación para presumir, «de pleno derecho», que un buque de pabellón extranjero está realizando actividades de pesca dentro de la jurisdicción argentina, aun cuando alegue estar en tránsito.
El cambio central es que el comportamiento náutico pasa a ser prueba suficiente para iniciar sumarios y aplicar sanciones. Según la norma, si un buque extranjero navega a menos de 6 nudos y ejecuta trayectorias compatibles con maniobras de pesca dentro de la ZEEA, se considerará que está pescando.
En el caso de los buques poteros dedicados a la captura de calamar, uno de los principales focos de conflicto en el Atlántico Sur, el criterio es aún más estricto: velocidades iguales o inferiores a 2 nudos durante al menos 30 minutos continuos. El objetivo oficial es diferenciar con precisión la pesca ilegal del derecho a la libre navegación, reduciendo márgenes de discrecionalidad.
La Prefectura Naval Argentina será la encargada de detectar, constatar y reportar los eventos, utilizando el Sistema Guardacostas, una plataforma que integra información satelital y registros electrónicos para identificar patrones sospechosos.
La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera evaluará cada caso y definirá la apertura de sumarios bajo el régimen de la Ley Federal de Pesca (24.922). Además, la disposición introduce un cambio clave: invierte la carga de la prueba, ya que el capitán, armador u operador deberá justificar técnicamente su conducta mediante bitácoras o reportes meteorológicos. La negativa a ser abordado será considerada una presunción en contra del buque.
La medida fue bien recibida por la industria nacional. Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), destacó que la disposición «fortalece la posición argentina frente a buques extranjeros que simulan tránsito» y mejora el procedimiento sancionatorio, aunque aclaró que no resuelve el problema estructural de la milla 201, donde se concentra gran parte del esfuerzo pesquero fuera de la ZEEA.
En la misma línea, Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), subrayó que equiparar criterios de velocidad y navegación con los de zonas de veda refuerza el monitoreo satelital. «Según la velocidad se establece si están pescando o no, y eso no es menor», afirmó.
Desde el sector también vinculan la decisión con una política integral contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). En ese marco, Cancillería ya habría dado el visto bueno para que el Ejecutivo envíe al Congreso la adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, impulsado por la FAO, que busca cerrar los puertos a productos de origen ilegal y exigir estándares sanitarios, laborales y de trazabilidad.
Con este nuevo esquema, el Ministerio de Economía busca que las infracciones cuenten con respaldo técnico y jurídico sólido, reforzando la protección del ecosistema marino y la soberanía sobre los recursos de la plataforma continental. En un contexto de creciente presión sobre especies clave como el calamar, la fijación de parámetros claros de control apunta a dar previsibilidad a las actuaciones en el mar y avanzar en una política preventiva alineada con el principio precautorio ambiental.