Un estudio revela que 49% de los ingredientes activos autorizados en cultivos clave de la región no están permitidos en Europa por riesgos ambientales y sanitarios.
Un nuevo análisis internacional expone una brecha regulatoria que podría tener implicancias directas en la salud pública, la sostenibilidad agrícola y el comercio internacional. De los 523 ingredientes activos autorizados en los principales cultivos de América Latina, 256 están prohibidos o no autorizados en la Unión Europea, lo que representa el 48,9% del total evaluado.
La investigación, publicada en Proceedings of the Royal Society B, examinó la situación normativa en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, comparando los registros oficiales con la legislación europea vigente hasta diciembre de 2020.
La diferencia no es menor. La Unión Europea aplica el principio de precaución con mayor rigor en la aprobación de fitosanitarios, mientras que en América Latina los marcos regulatorios varían en exigencia, actualización y capacidad de fiscalización.
Lo más relevante del estudio es que las sustancias cuestionadas se concentran en los cultivos de mayor peso económico para la región. Soja, maíz, trigo, arroz y caña de azúcar, pilares de las exportaciones agrícolas latinoamericanas, presentan una mayor proporción de ingredientes activos que no están permitidos en el bloque europeo.
En términos absolutos, los países con mayor número de ingredientes autorizados pero restringidos en la UE son Costa Rica (140), México (135), Brasil (115), Argentina (106) y Chile (99). La cifra refleja una dependencia significativa de herramientas químicas que enfrentan mayores cuestionamientos regulatorios en mercados desarrollados.
Entre los principios activos señalados se encuentran herbicidas, insecticidas y fungicidas vinculados a riesgos ambientales y potenciales efectos en la salud humana. Algunos de ellos han sido asociados en investigaciones científicas con toxicidad para organismos acuáticos, polinizadores y fauna silvestre.
El estudio también confirma una tendencia estructural: América Latina es la región con mayor crecimiento en consumo de pesticidas a nivel global. Según datos analizados a partir de estadísticas de la FAO, el uso aumentó aproximadamente 500% entre 1990 y 2019, impulsado por la expansión de monocultivos y la intensificación productiva.
La exposición a estos productos impacta principalmente a trabajadores rurales y comunidades cercanas a zonas agrícolas. Sin embargo, también existe exposición indirecta a través de residuos en alimentos, agua, aire y suelo. Investigaciones complementarias en la región han vinculado la exposición crónica a ciertos pesticidas con alteraciones hormonales, infertilidad y mayor incidencia de determinados tipos de cáncer.
Más allá del debate sanitario, el informe plantea un interrogante estratégico para la región: ¿cómo sostener competitividad exportadora en un escenario de crecientes exigencias ambientales?
En los últimos años, los mercados internacionales han elevado sus estándares en materia de trazabilidad, huella ambiental y seguridad alimentaria. Las diferencias regulatorias podrían transformarse en una barrera no arancelaria, especialmente en acuerdos comerciales donde la armonización normativa gana relevancia.
Los autores del estudio recomiendan avanzar hacia la eliminación de ingredientes clasificados como altamente peligrosos, actualizar protocolos de evaluación y fortalecer los sistemas de monitoreo y gestión de riesgos adaptados a las realidades productivas locales.
El desafío para América Latina no será menor. La agricultura continúa siendo un motor clave de generación de divisas, empleo rural y estabilidad macroeconómica en varios países. Ajustar marcos regulatorios sin comprometer productividad requerirá inversión en innovación, manejo integrado de plagas y alternativas de menor impacto ambiental.