Paro total y descuento salarial: el conflicto por la reforma laboral escala y golpea al empleo público y al campo.
El Gobierno confirmó este martes 17 de febrero que descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado para el jueves, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La medida, ratificada por fuentes de Casa Rosada, eleva la tensión política y sindical en una semana clave y anticipa impacto económico, especialmente en el transporte y en la cadena agroindustrial.
El oficialismo busca dictamen el miércoles para llevar el proyecto al recinto el jueves. Si eso ocurre, la CGT avanzará con un paro general al que se sumarán gremios estatales y sindicatos del transporte. A diferencia de protestas anteriores, esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis, lo que amplifica el alcance de la medida.
Desde el entorno presidencial fueron categóricos: «Se descontará el día a quienes no concurran a trabajar». La postura oficial apunta a desactivar la adhesión masiva y enviar una señal de firmeza en medio del debate parlamentario.
ATE moviliza y crece la presión en el Congreso
Mientras la UPCN confirmó su adhesión al paro sin movilización, la ATE convocó a marchar frente al Congreso el mismo jueves. Su conducción argumenta que la presión en la calle es clave para frenar el avance del proyecto.
La CGT sostiene que la reforma «quita derechos y no generará empleo», con especial foco en los cambios al régimen de licencias médicas, punto que el oficialismo aceptó revisar tras la polémica en el Senado. Sin embargo, otros artículos sensibles -como la ultraactividad de convenios y la regulación de asambleas- siguen en discusión.
El escenario abre una nueva fractura sindical: algunos sectores reclaman una postura más dura y cuestionan la estrategia de la central obrera.
Más allá de la disputa política, el paro tendrá efectos concretos en la economía real. La paralización total del transporte durante 24 horas puede afectar cargas en puertos, distribución de insumos y movimiento de granos, en plena actividad productiva.
Para el sector agropecuario, que necesita previsibilidad en cada eslabón de la cadena, una jornada sin transporte implica sobrecostos y demoras. En un contexto de márgenes ajustados y alta presión tributaria, cualquier interrupción impacta en la competitividad.
Además, el debate de fondo sobre la reforma laboral es seguido de cerca por productores y economías regionales. Parte del agro considera que una actualización normativa podría reducir litigiosidad y facilitar la formalización del empleo temporario, clave en actividades estacionales.
Lo que se discute en Diputados no es solo una modificación técnica de la ley laboral. El Gobierno plantea que busca modernizar reglas para dar previsibilidad. Los gremios advierten sobre pérdida de derechos.
En el medio, sectores productivos como el campo observan con atención. La Argentina necesita exportar más y generar divisas, y cualquier escenario de conflictividad prolongada afecta esa meta.
Con el paro en puerta y el descuento salarial confirmado, el Congreso se convierte en el epicentro de una pulseada que puede redefinir el equilibrio entre empleo, producción y competitividad. El jueves será un día clave.