La Justicia declaró la quiebra de Alberto Samid por deudas millonarias con el fisco y le prohibió salir del país. El fallo sacude al sector cárnico y reabre el debate sobre presión impositiva y crisis empresarial en la Argentina.
La Justicia Comercial declaró la quiebra del empresario de la carneAlberto Samid este 17 de febrero de 2026, tras no lograr acuerdo con sus acreedores por una deuda verificada de $276,66 millones, principalmente con organismos fiscales como ARCA y ARBA. La decisión del juez Horacio Francisco Robledo implica inhibición general de bienes y prohibición de salida del país hasta julio de 2026. El caso importa porque vuelve a poner bajo la lupa la presión impositiva, la informalidad y la fragilidad financiera en un eslabón clave de la cadena cárnica argentina.
El fallo se dictó en el marco del expediente Nº 20602/2022, luego de que el empresario no alcanzara la doble mayoría exigida por la Ley de Concursos y Quiebras. Entre los principales acreedores figuran ARCA, con una acreencia de $179 millones; ARBA, que reclama cerca de $94 millones por Ingresos Brutos e Impuesto Automotor; y la firma Smart Commerce.
Con la quiebra decretada, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de manera indefinida, con notificación a los registros de inmuebles, rodados y otros activos. También ordenó la prohibición de salida del país hasta el 3 de julio de 2026, además de la constatación e incautación de documentación en el domicilio del empresario.
La sindicatura, a cargo de la contadora Sandra Nicola, deberá determinar el activo falencial y presentar un informe detallado antes de esa fecha. En paralelo, los acreedores tienen plazo hasta el 31 de marzo para solicitar la verificación de créditos.
Deudas fiscales y presión tributaria: un debate que excede el caso
Uno de los puntos centrales del expediente fue la postura de ARCA, que desmintió que estuviera firme la cancelación de deudas vinculadas al frigorífico «El Fuego y el Agua», en Cañuelas, del cual Samid era garante. Aunque el empresario intentó acogerse a una moratoria para saldar unos $53 millones, la situación no prosperó.
En el trasfondo aparece un tema sensible para el sector agroindustrial: la carga impositiva y la acumulación de pasivos fiscales. En un contexto donde la cadena cárnica enfrenta retenciones, brecha cambiaria y costos logísticos elevados, los márgenes se estrechan y la financiación informal gana terreno. La quiebra de una figura histórica del negocio vuelve a encender el debate sobre reglas claras y sustentabilidad empresarial.
La situación patrimonial de Samid corre en paralelo a otros antecedentes judiciales. En 2019 recibió una condena a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión, pena que cumplió en abril de 2023. A fines de 2025, en cambio, la Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta otra causa iniciada en 2015 por evasión y retención indebida de tributos.
En las últimas horas, su esposa informó que el empresario se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este, Uruguay, por una infección que se habría complicado con un virus en sangre. La situación genera interrogantes adicionales, dado que el fallo judicial incluyó la prohibición de salida del país.
Más allá del perfil mediático del empresario, la quiebra deja señales para el negocio de la carne argentina. El sector viene atravesado por tensiones estructurales: presión fiscal elevada, controles cambiarios, necesidad de financiamiento y competencia regional cada vez más profesionalizada.
La respuesta excede a un nombre propio. Pero la quiebra de Alberto Samid vuelve a poner el foco sobre la necesidad de un marco estable que permita a la cadena cárnica -uno de los emblemas del agro argentino- recuperar competitividad y previsibilidad en el tablero regional.