Rechazan la identificación obligatoria del ganado y denuncian que el costo recae solo en el criador
A casi dos meses de que comenzó a regir la identificación electrónica obligatoria del ganado, un grupo de productores presentó recursos administrativos contra la medida dispuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y anticipó que, si no hay cambios, avanzará con acciones judiciales. La resolución 841/2025 impuso el sistema para bovinos, bubalinos y cérvidos y abrió un nuevo foco de conflicto en la cadena cárnica. El punto central: quién paga la trazabilidad y qué beneficios concretos genera.
El malestar crece en un momento delicado para la ganadería. Con márgenes ajustados, presión impositiva y el impacto de la brecha cambiaria, los criadores sostienen que la medida suma un costo adicional sin mejoras productivas comprobables. «El único que paga es el productor», repiten en distintas provincias.

Carlos Baravalle, productor de Córdoba y vicepresidente de Bases Federadas, es uno de los impulsores de los recursos. Aclara que no rechazan la tecnología, sino su carácter obligatorio. «Para un establecimiento grande puede ser una herramienta útil. Pero el 80% de los ganaderos argentinos tiene menos de 150 madres. Para ellos, esto es un gasto que no siempre pueden absorber», sostiene.
Según el planteo administrativo, la resolución es «arbitraria, irrazonable y desproporcionada» y vulnera derechos constitucionales como la propiedad y la libertad de ejercer industria lícita. El documento solicita dejar sin efecto la obligatoriedad o, en su defecto, que el sistema sea voluntario para pequeños y medianos productores.
El eje más sensible es el económico. Las caravanas electrónicas se comercializan entre $1900 y $2250 por animal, según proveedores. Además, se mencionan costos de aplicaciones informáticas y lectores electrónicos. En el recurso se detalla que un productor que desteta 100 terneros por año podría pasar de gastar unos $35.000 con el sistema tradicional a cifras millonarias con el nuevo esquema.

Desde el Senasa aclararon que el bastón lector no es obligatorio para el criador, sino para quien cierra el Documento de Tránsito Electrónico (DTe), como invernadores o frigoríficos. En ese caso, el costo directo del criador sería la caravana electrónica. Sin embargo, en el sector sostienen que la inversión inicial impacta igual en el eslabón más débil de la cadena.
Otro punto de discusión es si la trazabilidad mejora realmente la productividad. Desde el Gobierno argumentan que fortalece el control sanitario y la eficiencia del rodeo. Los productores disidentes lo ponen en duda y citan el caso de Uruguay, donde la trazabilidad electrónica rige desde hace dos décadas. Según afirman, no hubo aumentos significativos en los índices de preñez ni destete.
En el trasfondo aparece una discusión más amplia: la competitividad de la carne argentina en un mercado global que exige cada vez más trazabilidad, estándares ambientales y transparencia comercial. Países vecinos avanzan con reglas más estables y sin el peso de retenciones o distorsiones cambiarias. En ese escenario, cualquier costo adicional genera resistencia.

El recurso también advierte sobre una presunta contradicción normativa respecto de animales nacidos en 2025 y señala que desde noviembre del año pasado habría cesado la fabricación de caravanas convencionales, lo que -según el planteo- fuerza la adopción del sistema electrónico.
Mientras tanto, crece el número de productores que presentan recursos individuales y dejan expresa la reserva de accionar judicialmente, incluso mediante un amparo. «Vamos a ir hasta el final. Nos trasladaron un costo y no vemos beneficios concretos», afirman.
La discusión ya no es solo técnica. Se volvió política y económica. En una Argentina donde el campo sigue siendo uno de los principales generadores de divisas, cualquier cambio en las reglas de juego impacta directo en la inversión y en la producción futura. La pregunta que sobrevuela es clara: ¿la trazabilidad electrónica es una herramienta para ganar mercados o un nuevo peso sobre la cría?
Por ahora, la respuesta está en disputa. Y el conflicto promete escalar.

