La policía desmanteló en Bahía un presunto esquema vinculado al comercio ilegal hacia Asia. Las autoridades investigan posibles vacíos en la normativa de exportación.
Las autoridades brasileñas decomisaron más de 1,5 toneladas de aletas de tiburón en el municipio de Rodelas, estado de Bahía, en un operativo que dejó siete detenidos, entre ellos tres ciudadanos chinos señalados como presuntos coordinadores de una red internacional de tráfico.
El procedimiento se realizó el 12 de febrero en un sitio rural donde, según la investigación, se procesaban las aletas para su posterior comercialización. La operación fue liderada por la Policía Federal y contó con el apoyo del Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que confirmó que se realizan pruebas genéticas para determinar las especies afectadas.
Entre las especies presuntamente involucradas figuran el tiburón nodriza del Atlántico (Ginglymostoma cirratum), catalogado como vulnerable, y el tiburón azul (Prionace glauca), considerado casi amenazado. La identificación oficial dependerá de los resultados de laboratorio.
Desde la Policía Federal, el agente Micael Andrade calificó la práctica como «extremadamente cruel», al describir que en muchos casos las aletas son arrancadas mientras el animal aún está vivo y luego el cuerpo es arrojado al mar. El procedimiento, conocido como finning, está prohibido en Brasil.
La legislación brasileña penaliza no solo la captura dirigida de tiburones con fines de extracción de aletas, sino también el almacenamiento, transporte, procesamiento y venta de partes sin autorización. Sin embargo, la normativa contempla una excepción: permite la exportación de aletas cuando los tiburones fueron capturados de manera incidental como pesca acompañante (bycatch) y el animal completo es desembarcado. Organizaciones ambientalistas sostienen que esa disposición funciona como una grieta legal utilizada para encubrir el comercio ilegal.
Los detenidos enfrentan cargos por delitos ambientales, receptación y corrupción de menores, ya que entre los implicados figura un adolescente. Según la investigación preliminar, los trabajadores brasileños involucrados cumplirían funciones operativas sin pleno conocimiento del alcance internacional del esquema, mientras que los ciudadanos chinos habrían articulado la logística y comercialización.
El caso reaviva el debate sobre el control del comercio internacional de productos pesqueros y la eficacia de los mecanismos de fiscalización. En junio de 2023, Brasil protagonizó la mayor incautación de aletas registrada hasta el momento, con casi 29 toneladas decomisadas. Ese volumen superó incluso al récord anterior reportado en Hong Kong en 2020, cuando se confiscaron 28 toneladas.
Desde el Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), se ha impulsado una prohibición total del comercio de aletas de tiburón. José Truda Palazzo Junior, integrante del organismo y referente en conservación marina, advirtió que la continuidad de exportaciones «legales» podría estar encubriendo operaciones de contrabando a gran escala.
La recomendación de CONAMA, aunque adoptada por unanimidad, no es vinculante y aún requiere decisión del Ejecutivo federal. Para especialistas, el desafío central radica en reforzar la inspección en la flota pesquera industrial, ampliar la cobertura de observadores a bordo y avanzar en sistemas automatizados de monitoreo.
Más allá del impacto ambiental, el caso pone en foco la dimensión económica del comercio de aletas, altamente demandadas en ciertos mercados asiáticos. La combinación de altos precios y controles insuficientes convierte a la actividad en un negocio atractivo para redes criminales transnacionales.
El operativo en Bahía vuelve a exponer la tensión entre comercio, regulación y conservación de especies marinas, en un país con una de las mayores biodiversidades oceánicas del mundo y un rol relevante en el mercado pesquero regional.