La presidenta de Federación Agraria advirtió que varias producciones del interior enfrentan rentabilidad negativa por impuestos, costos e importaciones.
La presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, advirtió este jueves 6 de marzo que numerosas economías regionales atraviesan una situación crítica, con productores que en muchos casos no logran cubrir sus costos de producción. La dirigente analizó el escenario del agro en medio de alta presión impositiva, aumento de costos, competencia de importaciones y problemas de infraestructura que afectan a las producciones del interior del país.
Sarnari explicó que el deterioro de la rentabilidad golpea con mayor fuerza a los pequeños y medianos productores, quienes sostienen gran parte de las economías regionales en distintas provincias. Según señaló, la combinación de suba de costos, carga tributaria, apertura de importaciones y dificultades para comercializar la producción genera un contexto complejo que pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones productivas. «La rentabilidad en muchos casos es nula y en otros directamente negativa», afirmó la dirigente rural, al remarcar que detrás de cada actividad regional existe un entramado económico y social que depende de esas producciones.
Uno de los ejemplos que mencionó fue la situación de los productores de banana en Formosa, quienes atraviesan un conflicto por la crisis que afecta a esa actividad. Se trata de explotaciones de pequeña escala que enfrentan serias dificultades para competir con la fruta importada desde países vecinos. Según explicó, los productores locales operan con costos significativamente más altos y muchos arrastran problemas económicos desde hace tiempo. «La banana que llega desde afuera compite con nuestros productores, que tienen costos mucho más altos. Muchos necesitan financiamiento para poder seguir produciendo», señaló Sarnari. A esto se suma otro problema recurrente en varias economías regionales: las dificultades para acceder a los mercados nacionales y colocar la producción en condiciones competitivas.
La titular de Federación Agraria también planteó que el sistema tributario argentino constituye uno de los principales problemas estructurales para el sector agropecuario. Si bien la baja o eliminación de las retenciones es una demanda histórica del campo, la dirigente sostuvo que el problema es más amplio y abarca tributos nacionales, provinciales y tasas municipales. «El sistema tributario es muy distorsivo y no solo a nivel nacional», afirmó. En ese sentido, expresó preocupación por el incremento de tasas municipales vinculadas al mantenimiento de caminos rurales, que en muchos casos -según denuncian los productores- no se traducen en mejoras concretas en la infraestructura. Recordó además el caso reciente del partido bonaerense de Azul, donde un fallo judicial respaldó el reclamo de productores que cuestionaban aumentos desproporcionados en estas tasas.
Sarnari señaló que el deterioro de la infraestructura rural también impacta directamente en los costos productivos. El mal estado de rutas y caminos, sumado a la falta de desarrollo del transporte ferroviario, encarece el traslado de la producción desde las zonas rurales hacia los centros de consumo o los puertos de exportación. Según explicó, el problema se agravó en los últimos años con la paralización de numerosas obras públicas. «Hoy el transporte se encarece no solo por el combustible, sino también por el estado de las rutas. Muchas están muy deterioradas y eso termina impactando en los costos de producción», sostuvo.
La dirigente advirtió que esta situación puede transformarse en un obstáculo importante para el crecimiento del sector. Recordó que el propio Gobierno nacional planteó como objetivo alcanzar en el futuro una producción de 300 millones de toneladas de granos, pero consideró que ese nivel de expansión solo será posible si se mejoran las condiciones logísticas y económicas para el sector productivo. «Los productores estamos preparados para producir más, incluso el doble de lo que producimos hoy. Pero necesitamos condiciones económicas y también infraestructura para sacar esa producción», afirmó.
Otro de los factores que afectan especialmente a las economías regionales son los costos laborales, sobre todo en actividades que demandan gran cantidad de mano de obra. Según explicó Sarnari, en algunos casos el costo de los aportes sociales termina duplicando el salario que perciben los trabajadores, lo que eleva significativamente los costos de producción y reduce aún más los márgenes de rentabilidad de los productores.
En paralelo, el sector agropecuario sigue con atención el debate legislativo sobre la ley de semillas, que podría retomarse este año en el Congreso. Las entidades rurales vienen trabajando desde el año pasado para consensuar una posición común dentro de la Mesa de Enlace. En ese marco, Sarnari ratificó que Federación Agraria mantiene su rechazo a la adhesión al convenio internacional conocido como UPOV 91, vinculado a la propiedad intelectual de semillas.
Finalmente, la presidenta de FAA se refirió al proceso de revisión que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Desde la entidad rural sostienen que el organismo cumple un rol estratégico para el desarrollo del agro argentino y debe mantenerse fuerte y con presencia territorial en todo el país, aunque consideran necesario analizar su funcionamiento para optimizar recursos y mejorar la eficiencia de sus programas de investigación y extensión.
Consultado por este medio, el economista agrario Juan Manuel Garzón, del IERAL de la Fundación Mediterránea, coincidió en que varias economías regionales enfrentan un escenario delicado. Según explicó, la combinación de costos internos elevados, presión impositiva y problemas logísticos reduce la competitividad frente a otros países de la región. «Muchas economías regionales compiten con países que tienen menores impuestos y costos laborales más bajos. Sin mejoras en competitividad sistémica es difícil sostener esas actividades en el tiempo», señaló. En ese sentido, sostuvo que avanzar en una reforma tributaria, mejorar la infraestructura logística y facilitar el acceso al financiamiento serían medidas clave para recuperar rentabilidad y fortalecer la producción en el interior del país.