La Unión Europea activará el acuerdo con Mercosur desde mayo. Se abren oportunidades para el agro argentino con menor carga arancelaria.
El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea comenzará a aplicarse de manera provisoria el 1 de mayo, tras la confirmación oficial de la Comisión Europea, con Argentina como el primer país del bloque en completar los procedimientos internos, lo que habilita una reducción progresiva de aranceles y abre un mercado de más de 780 millones de consumidores, clave para la expansión de los agronegocios y la mejora de la rentabilidad del sector.
La implementación parcial del tratado permitirá que entren en vigencia de inmediato los beneficios comerciales vinculados a la eliminación de aranceles industriales y agrícolas, muchos de los cuales superaban el 30%, generando un cambio sustancial en los costos de exportación. En un contexto local atravesado por altos costos de insumos, presión impositiva vía retenciones y volatilidad en el precio de los granos, esta apertura representa una señal positiva para el sector productivo, que busca recomponer márgenes y previsibilidad.
Para el agro argentino, el foco estará puesto en consolidar su posicionamiento en productos donde ya cuenta con ventajas competitivas. La carne vacuna, con sistemas de ganado bovino tanto pastoriles como de feedlot, aparece como uno de los principales beneficiados, siempre que se logre cumplir con los exigentes estándares europeos de trazabilidad, bienestar animal y sanidad bajo control del SENASA. En paralelo, el complejo sojero -clave dentro de la producción de granos argentina– puede ganar terreno a partir de la exportación de aceite y harina, potenciando el valor agregado en origen.
También se destacan el maíz y el trigo, pilares de la rotación agrícola bajo esquemas de siembra directa, fundamentales para sostener rindes y mejorar la sustentabilidad del sistema. A esto se suman las economías regionales, que podrían encontrar oportunidades en nichos específicos del mercado europeo, donde la diferenciación por calidad y origen cobra cada vez mayor relevancia en la comercialización internacional.
Sin embargo, el acceso a estos mercados no será automático ni homogéneo. La Unión Europea impone condiciones estrictas vinculadas a la sustentabilidad, la reducción de la huella ambiental y el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas (BPA), lo que obliga a profundizar procesos de tecnificación y certificación. En este sentido, el rol del INTA y de los sistemas de innovación será central para acompañar la adaptación productiva.
Al mismo tiempo, persisten factores estructurales que condicionan la competitividad del agro argentino. La carga impositiva, los costos logísticos asociados a una deficiente infraestructura vial, y las limitaciones en el acceso al crédito agropecuario continúan siendo obstáculos para capitalizar plenamente las oportunidades. A esto se suma la incertidumbre climática, con eventos extremos cada vez más frecuentes que impactan en la cosecha y en la estabilidad de los rindes.
En este escenario, la adopción de tecnologías como la agricultura de precisión, el monitoreo satelital y la biotecnología aplicada a semillas -en el marco de debates como la Ley de Semillas– se vuelve clave para mejorar la eficiencia productiva y cumplir con los estándares internacionales. La articulación entre productores, cooperativas y empresas también aparece como una herramienta estratégica, fortaleciendo el asociativismo dentro de la cadena de valor.
La entrada en vigor del acuerdo Mercosur-UE plantea así una oportunidad concreta para el agro argentino, pero también exige una transformación profunda en términos de competitividad, sustentabilidad e inserción internacional, en un contexto donde el desafío ya no es solo producir más, sino producir mejor y con estándares globales.