Un conflicto con transportistas paraliza el ingreso de granos en Quequén y deja buques varados. El impacto económico ya preocupa a todo el agro.
El 21 de abril de 2026, el Puerto Quequén enfrenta una fuerte paralización operativa a raíz de una protesta de transportistas autoconvocados de granos, que mantiene bloqueado el ingreso de camiones y deja 17 buques sin poder cargar, con un saldo de 347.600 toneladas inmovilizadas y pérdidas estimadas en US$ 280 millones. El conflicto, que ya lleva más de dos semanas, impacta de lleno en la logística de exportación agrícola y en la cadena de valor del agro argentino, en un momento clave para la comercialización de granos.
La situación se ha vuelto crítica en los principales muelles del complejo portuario, donde las terminales operan con fuertes restricciones por falta de mercadería. La operatoria se encuentra virtualmente detenida, con buques que permanecen en rada a la espera de carga y otros que evalúan directamente modificar su destino. Este escenario no solo incrementa los costos logísticos, sino que también pone en riesgo la competitividad del sistema agroexportador argentino, en un contexto internacional altamente exigente.
El volumen comprometido refleja la magnitud del problema: 126.000 toneladas de girasol, 118.600 de maíz, 78.000 de trigo y 25.000 de cebada no pueden ser embarcadas. Esta interrupción afecta directamente a productores, acopiadores y exportadores, quienes ven resentida su rentabilidad y su flujo de ingresos, en un contexto donde el precio de los granos y los márgenes ya enfrentan alta volatilidad.Desde el sector industrial y exportador, las advertencias no tardaron en llegar. «La situación es absolutamente insostenible», afirmó Gustavo Idígoras, titular de CIARA-CEC, quien subrayó el impacto económico y social sobre toda la comunidad agroindustrial de Necochea. La falta de actividad en el puerto no solo frena exportaciones, sino que también paraliza una red de servicios vinculados a los agronegocios, afectando empleo, transporte y comercio local.
El trasfondo del conflicto está directamente vinculado a la discusión por las tarifas de flete, un componente clave dentro de la estructura de costos del sector. Los transportistas argumentan que el incremento acumulado del gasoil, superior al 30% en lo que va del año, dejó obsoletos los valores de referencia actuales. En este contexto, reclaman una actualización de entre el 25% y el 30%, muy por encima de las propuestas que se discutieron en las mesas de negociación, que oscilaron entre el 14% y el 17%.
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Las negociaciones, lejos de encaminarse hacia una solución, se fragmentaron en acuerdos parciales según la región. Mientras algunos nodos lograron destrabar el conflicto con incrementos moderados, en Quequén la falta de consenso profundizó la medida de fuerza. El punto de quiebre se produjo tras la caída de una propuesta que no fue firmada por los dadores de carga, lo que derivó en la continuidad del bloqueo.
Este escenario genera preocupación adicional por el posible desvío de buques hacia otros puertos, como Bahía Blanca o incluso terminales en Brasil. De concretarse, esta migración implicaría una pérdida directa de actividad y divisas para el país, debilitando aún más la infraestructura logística nacional, un aspecto clave para sostener la inserción de la Argentina en el mercado global de alimentos.
Más allá del conflicto puntual, lo ocurrido en Quequén expone una problemática estructural del sistema agroexportador: la necesidad de mejorar la articulación entre los distintos actores de la cadena, garantizar reglas claras y avanzar en inversiones en infraestructura vial, tecnificación y logística. En un contexto atravesado por el cambio climático, la volatilidad económica y la presión sobre los costos, la eficiencia en la comercialización se vuelve determinante para sostener la competitividad.
La resolución de este conflicto será clave no solo para normalizar la operatoria portuaria, sino también para enviar señales de previsibilidad al mercado. El desafío para el sector y las autoridades será encontrar mecanismos que permitan equilibrar los costos del transporte con la sustentabilidad económica de toda la cadena, evitando que episodios como este vuelvan a poner en jaque al campo argentino.