La unificación con el SISA eliminó aranceles, centralizó los registros y modificó los procesos de inscripción y fiscalización en la cadena de granos
El 6 de mayo de 2025 entró en vigencia la eliminación del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) y su integración al Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), en el marco de un proceso de reordenamiento administrativo para los operadores de la cadena de granos.
A un año de la medida, el sistema de registros presenta modificaciones relevantes entérminos de costos,procedimientos y plazos, con impacto directo en la operatoria del sector.
Unificación del registro y eliminación de costos
Previo a la reforma, determinados operadores debían inscribirse tanto en RUCA como en SISA, lo que implicaba la duplicación de datos, documentación y gestiones administrativas.
Con la eliminación del RUCA, el registro pasó a centralizarse en el SISA, al que se accede mediante clave fiscal. En este nuevo esquema, las inscripciones dejaron de ser aranceladas y no requieren renovación periódica, a diferencia del sistema anterior, donde las matrículas tenían costo y vencimiento anual sujeto al cumplimiento de requisitos.
Otro de los cambios fue la simplificación de las actividades registrales. Bajo el esquema del RUCA, la coexistencia de múltiples categorías, algunas con definiciones poco precisas, generaba inconsistencias en la registración, que en ciertos casos derivaban en reinscripciones. La reducción de estas categorías y su reorganización dentro del SISA buscó reducir ese tipo de situaciones y ordenar los criterios de inscripción.
Cambios en los procesos y tiempos de aprobación
La unificación también introdujo modificaciones en los circuitos de validación. Para operadores sin planta, como exportadores, las inscripciones se realizan mediante controles sistémicos, lo quepermite automatizar gran parte del proceso cuando se cumplen los requisitos establecidos. Según datos del sistema, el 40% de las matrículas se otorgan dentro de las 24 horas.
En el caso de actividades que requieren verificación de instalaciones, el proceso continúa contemplando instancias de control, aunque con una reducción en los tiempos de resolución. El promedio de aprobación se ubica en 14 días, por debajo del plazo máximo de 45 días previsto en la normativa.
Dentro de las herramientas implementadas se incorporaron las verificaciones virtuales, que permiten validar a distancia las condiciones declaradas por los operadores en relación con infraestructura y capacidad operativa. Este mecanismo se suma a las instancias presenciales y forma parte de un esquema de fiscalización apoyado en controles sistémicos y análisis de información.