El Congreso debate un proyecto que endurece las penas por ataques a silobolsas, intrusiones y daños rurales. El agro advierte impacto económico y pide mayor seguridad jurídica.
La Cámara de Diputados recibió este martes un proyecto de ley impulsado por el diputado nacional y presidente de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohain (PRO), que propone penas de hasta ocho años de prisión para hechos de vandalismo rural, roturas de silobolsas, daños sobre cultivos e intrusiones en establecimientos agropecuarios. La iniciativa cobra relevancia en medio de los reiterados reclamos del sector agropecuario por la creciente inseguridad rural y las pérdidas económicas que afectan la producción y la competitividad del campo argentino.
El proyecto apunta a modificar distintos artículos del Código Penal con el objetivo de endurecer sanciones sobre delitos vinculados a la producción agropecuaria y la infraestructura rural. Además, incorpora agravantes para quienes promuevan ataques mediante redes sociales o plataformas digitales.
En los fundamentos de la iniciativa, Ardohain aseguró que «el campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza», dejando al productor «en un estado de absoluta indefensión».
La propuesta incorpora el artículo 184 bis al Código Penal y establece penas de entre dos y ocho años de prisión, además de multas económicas, para quienes dañen o destruyan silobolsas, cereales, oleaginosas, cultivos, ganado bovino, instalaciones rurales o productos durante el transporte.
El texto también incluye daños sobre infraestructura estratégica para el agro moderno, como sistemas de riego, paneles solares, bombas sumergibles y generadores eléctricos, elementos clave en los procesos de tecnificación y sustentabilidad productiva.
Desde el sector agropecuario sostienen que muchos de estos delitos hoy son considerados por la Justicia como simples actos vandálicos, pese al fuerte impacto económico que generan sobre la cadena de valor y la capacidad exportadora del país.
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Otro de los puntos centrales del proyecto es la incorporación del artículo 150 bis, que penaliza el ingreso ilegal a establecimientos rurales. La iniciativa contempla penas de hasta un año de prisión para quienes entren a campos privados contra la voluntad del propietario.
El texto presume la prohibición de ingreso cuando existan alambrados, tranqueras, muros o señalizaciones visibles. Sin embargo, también aclara que no habrá delito cuando el ingreso responda a situaciones de emergencia, auxilio o cuando no existan límites claramente identificables con la vía pública.
Ardohain advirtió que muchas intrusiones clandestinas funcionan como tareas previas de inteligencia delictiva para detectar vulnerabilidades en los establecimientos agropecuarios. Además, remarcó el problema creciente de la caza furtiva, una práctica que -según explicó- provoca daños sobre alambrados, altera al ganado y pone en riesgo la seguridad de las familias rurales.
La iniciativa también modifica el artículo 209 del Código Penal sobre instigación pública. El proyecto busca elevar las penas cuando la convocatoria a cometer delitos rurales se realice a través de redes sociales, plataformas digitales o medios masivos de comunicación.
Según los fundamentos, la difusión de coordenadas GPS, mapas satelitales y ubicaciones exactas podría facilitar ataques simultáneos contra distintos establecimientos agropecuarios, generando pérdidas económicas y afectando la logística de producción y comercialización.
El proyecto lleva las firmas de dirigentes del PRO como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Fernando De Andreis, y ya comenzó a generar debate dentro del Congreso y en entidades vinculadas al agronegocio argentino.
En los últimos años, los ataques a silobolsas se transformaron en uno de los principales símbolos del conflicto por la inseguridad rural. Cada rotura implica pérdidas económicas directas para el productor, deterioro de granos almacenados y costos adicionales de logística y reposición.
La volatilidad del precio de los granos, presión impositiva, retenciones y mayores costos de insumos, el sector agropecuario reclama reglas claras y mayor protección jurídica para sostener la rentabilidad y la inversión.
«La destrucción de un silobolsa no es un simple acto vandálico; es un ataque directo al esfuerzo productivo y a la capacidad exportadora del país«, sostiene el proyecto en uno de sus tramos más contundentes.
La discusión legislativa reabre uno de los reclamos históricos de productores, cooperativas y entidades rurales: la necesidad de fortalecer la seguridad en el interior productivo y garantizar previsibilidad para el desarrollo de los agronegocios.