Acopiadores, Gobierno e Inase debatieron un nuevo esquema para detectar el uso ilegal de semillas de soja y trigo. La medida podría cambiar la comercialización de granos y el pago de regalías tecnológicas.
El Gobierno nacional avanzó en las conversaciones para implementar un nuevo sistema de fiscalización sobre semillas autógamas, principalmente soja y trigo, y convocó a la Federación de Acopiadores de Granos para analizar el alcance de la iniciativa. La reunión se realizó esta semana entre representantes del Instituto Nacional de Semillas (Inase), la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en el marco de una estrategia que busca combatir el uso ilegal de genética protegida sin modificar la actual Ley de Semillas ni pasar por el Congreso. La discusión es relevante porque podría impactar directamente en la comercialización de granos, la trazabilidad y el pago de regalías tecnológicas en la Argentina.
La propuesta oficial contempla la realización de análisis varietales sobre los granos entregados en acopios, puertos y plantas de recepción, con el objetivo de identificar si las variedades utilizadas corresponden a semillas adquiridas legalmente o si existe un posible incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.
El proyecto presentado por el Ejecutivo prevé reforzar la fiscalización mediante controles en el primer punto de entrega de los granos, incorporando la participación de entidades privadas, cámaras arbitrales y organismos habilitados por el Inase.
La herramienta central será el análisis de identidad varietal, una tecnología que permite determinar con precisión qué genética está presente en una muestra de soja o trigo. A partir de esa información, el Estado podrá verificar si la utilización de determinada variedad se ajusta a las disposiciones vigentes sobre uso propio, compra legal de semillas y pago de cánones tecnológicos.
Según explicaron desde el sector, el sistema inicialmente alcanzaría únicamente a las nuevas variedades que ingresen al mercado, una estrategia que busca incentivar la inversión en innovación y desarrollo genético dentro de la cadena agroindustrial.
Uno de los principales temas planteados durante la reunión fue el papel que tendrían los acopiadores dentro del nuevo esquema de fiscalización.
El director ejecutivo de la Federación de Acopiadores de Granos, Raúl Dente, explicó que la entidad tomó conocimiento de que los controles podrían aplicarse a partir de la recepción de granos y que los acopios aparecerían como actores involucrados en el proceso.
Por ese motivo, la organización solicitó formar parte de las discusiones técnicas antes de que el Gobierno avance con una resolución definitiva.
Según Dente, actualmente existen herramientas capaces de identificar las variedades presentes en una entrega comercial de granos, lo que permitiría verificar indirectamente el cumplimiento de la normativa vigente sobre semillas.
El dirigente recordó además que el uso propio continúa siendo una práctica legalmente permitida, aunque advirtió que la detección de variedades incompatibles con esa condición podría transformarse en una señal de alerta para los organismos de control.
«Somos una parte importante del proceso y queremos participar en el diseño del sistema«, fue el mensaje transmitido por los representantes del sector durante el encuentro.
Otro de los ejes centrales de la reunión fue el futuro de Bolsatech, el sistema de trazabilidad y control impulsado desde 2015 por las bolsas de cereales y distintos actores privados de la cadena comercial.
La Federación de Acopiadores defendió la continuidad de esta plataforma y propuso que cualquier nueva regulación se apoye en gran medida sobre su estructura operativa.
Para el sector, Bolsatech ha demostrado capacidad para generar alertas tempranas y brindar información confiable sobre movimientos y utilización de semillas, por lo que consideran que podría adaptarse sin mayores dificultades a los nuevos mecanismos de fiscalización varietal.
La propuesta apunta a evitar la superposición de sistemas y reducir costos administrativos para productores, acopiadores y exportadores.
Detrás de la discusión técnica subyace uno de los temas más sensibles de la agroindustria argentina: la protección de la propiedad intelectual aplicada a semillas.
Durante años, empresas desarrolladoras de genética, productores y entidades rurales debatieron sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio para garantizar el reconocimiento económico a quienes invierten en investigación y biotecnología.
La iniciativa impulsada por el Gobierno busca avanzar en esa dirección sin modificar la legislación vigente, mediante convenios que permitan al Inase fiscalizar el cumplimiento de las normas a través del análisis de muestras obtenidas durante la comercialización de granos.
El objetivo oficial es fortalecer los mecanismos de control sobre la utilización de genética protegida, promover la incorporación de nuevas tecnologías y mejorar la competitividad del sector agropecuario argentino.
La discusión no ocurre en un vacío político ni comercial. Entre los compromisos asumidos por la Argentina en el acuerdo de comercio e inversiones firmado con Estados Unidos figura el fortalecimiento de los sistemas de protección de la propiedad intelectual vinculados a la innovación biotecnológica.
Dentro de esos compromisos aparece también la posibilidad de avanzar hacia estándares internacionales más exigentes, como los establecidos por UPOV 91, el convenio internacional que regula los derechos de obtentor sobre nuevas variedades vegetales.
Si bien el Gobierno aún no definió oficialmente el mecanismo que implementará, distintas fuentes del sector consideran que las reuniones con acopiadores, exportadores, semilleros y entidades representativas forman parte de una etapa previa a la elaboración de una resolución formal.
La incorporación de controles varietales en la entrega de granos podría marcar un punto de inflexión para la cadena agrícola argentina. El desafío será encontrar un equilibrio entre la defensa de la innovación genética, el respeto al uso propio, la simplificación de los procesos comerciales y la necesidad de ofrecer reglas claras para todos los eslabones de la cadena.
Mientras el Gobierno avanza en consultas con actores públicos y privados, el sector sigue de cerca una discusión que excede el plano técnico. Lo que está en juego es la forma en que se financiará la innovación en soja y trigo durante los próximos años y el impacto que ello tendrá sobre la competitividad, la productividad y el desarrollo de los agronegocios argentinos.