La Casa Rosada respaldó el proyecto de Patricia Bullrich en el Senado. Aceiteras, refinadoras y automotrices expusieron intereses enfrentados sobre el futuro del sector.
El Gobierno nacional respaldó este martes en el Senado el proyecto de ley de biocombustibles impulsado por Patricia Bullrich y dejó en evidencia las diferencias que atraviesan a toda la cadena productiva. Mientras la iniciativa busca abrir el mercado de biocombustibles, modificar los cortes obligatorios y fomentar una mayor competencia, empresas aceiteras, refinadoras y automotrices plantearon posiciones contrapuestas sobre el impacto económico que tendría la reforma.
La discusión se desarrolló en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, donde funcionarios nacionales y representantes del sector privado debatieron dos proyectos que apuntan a actualizar el régimen vigente. El respaldo oficial se inclinó claramente por la propuesta de Patricia Bullrich, considerada por la administración de Javier Milei como el camino para avanzar hacia un esquema más competitivo.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que el texto impulsado por Bullrich refleja la visión del Poder Ejecutivo y defendió una transición hacia un mercado con menos regulaciones, mayor competencia y nuevas oportunidades de inversión.
Entre los puntos centrales, el funcionario apoyó elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%, aunque rechazó las iniciativas que proponen aumentar el porcentaje de biodiésel. Según explicó, una medida de ese tipo podría provocar un incremento permanente en el precio del gasoil, con consecuencias directas sobre el transporte, el agro y los consumidores.
«No vemos lógica en duplicar el corte de biodiésel porque eso implica un aumento estructural y permanente del gasoil que se consume en todo el país», sostuvo González. En cambio, consideró que una suba del bioetanol hasta el 15% resulta razonable dentro del actual contexto energético.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), Alfonso Romero reclamó reglas que favorezcan una competencia más amplia y cuestionó los mecanismos que limitan la participación de distintos actores dentro de la cadena. «Se habló mucho de competencia, pero algunos proyectos mantienen restricciones que impiden que esa competencia ocurra realmente», afirmó.
El representante de Ciara sostuvo además que la Argentina tiene margen para incrementar el consumo interno y seguir experiencias internacionales que ampliaron los niveles de mezcla. Como ejemplo mencionó el caso de Indonesia, donde los cortes obligatorios crecieron para absorber una mayor producción local.
En la misma línea se expresó la Cámara Argentina de la Energía (CADE), que respaldó la eliminación del actual sistema de cupos y precios administrados. Para la entidad, la apertura del mercado permitiría atraer nuevas inversiones, mejorar la eficiencia y generar un marco regulatorio más moderno para el sector energético.
«Es momento de abrir el mercado a nuevas inversiones, permitir la participación plena de las refinadoras y garantizar la libertad de comercialización», afirmó Esteban Gambrica, representante de la entidad.
Sin embargo, la principal resistencia llegó desde la industria automotriz. El director ejecutivo de Adefa, Fernando Rodríguez Canedo, sostuvo que las terminales prefieren mantener el esquema actual y advirtió que cualquier incremento en las mezclas obligatorias exige inversiones técnicas, modificaciones en los motores y procesos de recalibración.
Además, señaló que la Argentina debe mantener estándares compatibles con los principales mercados internacionales para evitar problemas en la producción y exportación de vehículos. Según explicó, mezclas superiores a las actuales podrían acelerar el desgaste de determinados componentes y elevar los costos de adaptación para las automotrices.
«La posición del sector es mantener el statu quo del 12%«, afirmó el directivo. También advirtió que incrementos superiores podrían requerir cambios en tanques, filtros, mangueras e inyectores, con un costo significativo para la industria.
Más allá del respaldo oficial, el debate dejó en claro que la futura ley de biocombustibles sigue generando fuertes diferencias entre los distintos eslabones de la cadena. Mientras algunos sectores impulsan una apertura más agresiva y mayores niveles de mezcla para potenciar la producción local, otros advierten sobre el impacto que esos cambios podrían tener en los costos energéticos, la industria y el bolsillo de los consumidores.
La discusión recién comienza, pero ya expone una puja de intereses entre productores, refinadoras y automotrices sobre el futuro del mercado de biocombustibles. Lo que finalmente defina el Congreso tendrá consecuencias directas sobre la competitividad, el precio de los combustibles, la actividad industrial y sectores estratégicos como el campo argentino y el transporte.