El oficialismo reunió al campo y a los semilleros para buscar consensos sobre propiedad intelectual y tecnologías que impactan en la producción.
El Gobierno nacional convocó para este martes 9 de junio a las entidades de la Mesa de Enlace, Aapresid, Aacrea y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) con el objetivo de avanzar en una reforma de la ley de semillas. La reunión, impulsada por la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), busca acercar posiciones sobre propiedad intelectual, uso propio y acceso a nuevas tecnologías, un debate que resulta estratégico porque puede impactar directamente en la inversión, la innovación genética y la competitividad del agro argentino.
El encuentro se desarrollará en la sede de Agricultura y contará además con la participación del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y su equipo. La convocatoria forma parte de una serie de reuniones promovidas por el Ejecutivo para intentar alcanzar un consenso entre productores, obtentores y empresas semilleras luego de años de desacuerdos sobre uno de los temas más sensibles de la cadena agroindustrial.
La discusión cobra relevancia en un momento en que la Argentina busca modernizar su marco regulatorio para atraer inversiones y acelerar la incorporación de genética de última generación, una herramienta considerada clave para mejorar rindes, aumentar la productividad y fortalecer la sustentabilidad del sistema productivo.
La actualización de la ley de semillas es una discusión pendiente desde hace más de una década. Aunque existe consenso sobre la necesidad de modernizar las reglas vigentes, persisten diferencias respecto de cómo equilibrar los derechos de los productores con la protección de la propiedad intelectual de quienes desarrollan nuevas variedades.
Uno de los puntos centrales es el denominado uso propio, es decir, la posibilidad de que un productor conserve parte de su cosecha para utilizarla como semilla en la siguiente campaña.
Actualmente, este derecho está contemplado en la legislación vigente y es especialmente relevante en cultivos autógamos como la soja. Sin embargo, las empresas semilleras sostienen que el esquema actual limita la recuperación de las inversiones realizadas en investigación y desarrollo.
Las entidades que integran la Mesa de Enlace presentaron en marzo una propuesta conjunta que busca mantener el uso propio, pero incorporando mecanismos que permitan reconocer económicamente el trabajo de mejoramiento genético realizado por los obtentores.
La iniciativa surgió como un intento de construir una posición común dentro del sector agropecuario y destrabar una discusión que se ha convertido en una de las más complejas de la agenda agroindustrial.
Por su parte, la industria semillera elaboró una propuesta alternativa cuyo contenido todavía no fue difundido oficialmente. Desde el sector sostienen que un sistema más robusto de protección intelectual permitiría acelerar la llegada de nuevas tecnologías al mercado argentino y generar mayores incentivos para la innovación.
La reforma tomó impulso luego de la firma del acuerdo sobre comercio e inversiones entre la Argentina y Estados Unidos. En ese marco, el país asumió el compromiso de avanzar hacia la adhesión al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).
Ese tratado internacional fortalece el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales y es considerado una referencia global para el desarrollo de la industria semillera.
La eventual adhesión requerirá el envío de un proyecto al Congreso y posteriormente su reglamentación, por lo que la construcción de consensos entre todos los actores aparece como una condición indispensable para avanzar.
Más allá del debate jurídico, el trasfondo de la discusión es económico. La incorporación de nuevas variedades y tecnologías puede influir directamente sobre los rindes, la competitividad exportadora y la generación de divisas.
En el sector destacan que una actualización de las reglas podría favorecer la llegada de innovaciones genéticas con potencial para mejorar la productividad, reducir riesgos climáticos y aumentar la eficiencia en el uso de insumos.
La convocatoria se produce además pocas horas después de que el Gobierno oficializara un nuevo protocolo de control de identidad varietal, una herramienta destinada a verificar el uso de semillas protegidas mediante análisis de granos en puntos de entrega.
Si bien ambas iniciativas transitan carriles distintos, reflejan una misma intención oficial: avanzar hacia un sistema que combine innovación, inversión y previsibilidad para toda la cadena agroindustrial.
El encuentro de este martes podría marcar un punto de inflexión en una discusión que atraviesa al agro argentino desde hace años. Productores, semilleros, entidades técnicas y funcionarios coinciden en que el sistema necesita una actualización, pero todavía resta definir cómo se distribuirán los derechos y obligaciones entre cada uno de los actores.
Lo que está en juego excede una cuestión normativa. La definición de las futuras reglas para las semillas será determinante para el desarrollo tecnológico del campo, la competitividad de la producción y la capacidad de la Argentina para seguir generando valor agregado en uno de sus sectores económicos más importantes.