(NAP) El Gobierno argentino formalizó una fuerte simplificación normativa en el sector comercial e industrial, con la publicación hoy de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, se derogaron un conjunto de resoluciones, destacándose el cierre definitivo y la eliminación de toda la normativa remanente del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
La medida se enmarca dentro de la estrategia oficial impulsada por el Ministerio de Economía para eliminar regulaciones que consideran obsoletas, distorsivas o que generan “superposición y dispersión de normas”.
El Feta
Fue un fideicomiso creado durante la gestión de Roberto Feletti con el propósito de subsidiar la bolsa de harina que recibían las panaderías y amortiguar el impacto de los precios internacionales en el mercado interno.
Sin embargo, desde su nacimiento cosechó fuertes críticas del sector agropecuario por su falta de transparencia, problemas operativos y nula efectividad para contener el precio del pan. Si bien el contrato fiduciario ya había sido revocado previamente, la Resolución 12/2026 viene a limpiar el marco jurídico sobrante.
Según los fundamentos oficiales: “Habida cuenta de la revocación del contrato y la consecuente liquidación del fideicomiso del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para su implementación y operatividad ha quedado carente de objeto y de sustento legal”.
Con esto, quedan oficialmente derogadas las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 (con su modificatoria 148/2022), terminando de raíz con el andamiaje legal de este fondo de intervención. Una poda masiva de regulaciones comerciales.
La principal irregularidad que presentó el polémico Feta fue que resultó un beneficio mayormente para 2 empresas de un mismo dueño.
Hasta el 5 de abril de 2023, las instrucciones de pago del fideicomiso ascendieron a $31.102.254.578 millones y más de la mitad, $17.181.245.702, se asignó a la concursada Molinos Cañuelas; mientras que otros $4.190 fueron a Molinos Florencia, ambas del Grupo Navilli. El resto del dinero, $13.508.167.576, a esa fecha aún se no había repartido, según informó Clarín.
Otras derogaciones
La Resolución 12 forma parte de un paquete administrativo más amplio que da de baja normativas de control comercial vigentes entre 2006 y 2025:Adiós a los controles de precios históricos: Se eliminaron de forma definitiva los marcos regulatorios residuales vinculados a programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y Cuota Simple.
También quedó sin efecto la normativa que obligaba a las instituciones educativas privadas a solicitar autorización estatal previa o cumplir plazos rígidos para informar incrementos arancelarios.
Fin a regímenes de información de costos: Se eliminaron las resoluciones (como la 426/2022 y la 296/2023) que forzaban a las empresas de consumo masivo a presentar complejos e intrincados reportes sobre sus costos y márgenes de comercialización.
Facilidades para la importación: Se desactivaron regulaciones que imponían autorizaciones complejas y licencias de importación (resoluciones 254/2019 y 43/2022), buscando agilizar el ingreso de insumos y bienes.
Hacia la “máxima libertad” del mercado
Desde la Secretaría de Coordinación de Producción sostuvieron que mantener normas asociadas a herramientas inexistentes o ineficaces solo sumaba inseguridad jurídica.
Con esta reforma, el Ejecutivo traslada la facultad de fijación de condiciones comerciales exclusivamente a la interacción del sector privado y consolida el principio de que “todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido”, reduciendo al mínimo la intervención estatal en la cadena productiva