Productores del norte argentino salieron a buscar respaldo político ante el avance de cambios en la Ley de Semillas. Temen mayores controles, más costos y pérdida de derechos históricos.
Productores del norte argentino, encabezados por la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), iniciaron esta semana una ofensiva política para frenar los cambios que el Gobierno nacional analiza introducir en la Ley de Semillas. La movida comenzó tras la puesta en marcha de un nuevo protocolo de control varietal y en medio de negociaciones oficiales para avanzar en una reforma de la normativa vigente. La preocupación central radica en el posible aumento de costos para el productor y en la pérdida de derechos considerados históricos dentro de la actividad agrícola.
Mientras la administración nacional busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual y actualizar una legislación que data de 1973, distintos sectores del campo advierten que algunas de las modificaciones en discusión podrían afectar la rentabilidad y la competitividad de los productores argentinos.
Como parte de esta estrategia, directivos de Apronor mantuvieron una reunión con el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro, con el objetivo de trasladar sus preocupaciones y generar canales de diálogo con diputados y senadores nacionales de la provincia.
Según explicó el presidente de la entidad, Hugo Meloni, la intención es que los legisladores conozcan la posición del sector antes de que llegue un eventual proyecto al Congreso.
«Queremos que quienes tengan que votar una futura ley comprendan el impacto real que podría tener sobre los productores», sostienen desde la organización.
La entidad considera que la discusión debe darse con participación activa de quienes generan producción y empleo en las economías regionales.
Uno de los puntos que más inquieta a los productores es la eventual incorporación de criterios alineados con UPOV 91, el convenio internacional que amplía la protección de los derechos de obtentor sobre las variedades vegetales.
Desde Apronor sostienen que una adhesión plena a ese esquema podría restringir prácticas habituales dentro de la producción agrícola y generar mayores costos asociados al uso de semillas fiscalizadas.
Además, existe preocupación por la posibilidad de que los mecanismos de control queden en manos de empresas privadas vinculadas al negocio semillero.
«Sería una situación donde quienes comercializan la tecnología también tendrían capacidad de fiscalización, generando un escenario de juez y parte», advierten desde la entidad.
La discusión sobre la Ley de Semillas no es nueva. Durante décadas distintos gobiernos intentaron modernizar la normativa sin alcanzar consensos entre productores, semilleros y representantes de la cadena agroindustrial.
Por un lado, las empresas desarrolladoras de genética argumentan que una mayor protección de la propiedad intelectual es fundamental para atraer inversiones, acelerar la innovación y facilitar el acceso a nuevas tecnologías para el campo argentino.
Por el otro, numerosas entidades rurales consideran indispensable preservar el denominado «uso propio» y evitar que los cambios generen una transferencia de recursos desde los productores hacia los grandes actores de la industria.
La controversia reaparece ahora en un contexto donde la rentabilidad agrícola continúa condicionada por factores como los costos de los insumos, la presión impositiva, las retenciones y la volatilidad de los mercados.
La reacción de Apronor se aceleró luego de que el Gobierno oficializara un nuevo sistema de control varietal destinado a verificar la identidad genética de semillas protegidas mediante análisis realizados en distintos eslabones de la cadena comercial.
La medida alcanza a las nuevas variedades que se registren a partir de ahora y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre la propiedad intelectual.
Paralelamente, funcionarios nacionales iniciaron una ronda de conversaciones con representantes de la Mesa de Enlace, entidades técnicas, productores y empresas semilleras para intentar construir consensos alrededor de una futura reforma legislativa.
El debate expone una tensión de fondo que atraviesa al agro argentino: cómo compatibilizar la necesidad de incentivar la innovación genética con la sustentabilidad económica de los productores.
La incorporación de nuevas tecnologías, mejores materiales genéticos y desarrollos biotecnológicos resulta clave para incrementar rindes, mejorar la competitividad y enfrentar los desafíos del cambio climático. Sin embargo, buena parte del sector reclama que cualquier actualización normativa contemple la realidad económica de quienes producen.
En ese escenario, las próximas negociaciones serán determinantes para definir el equilibrio entre protección intelectual, acceso a la tecnología y rentabilidad.